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| Gustavo Luis Maluendez |
La arenera La República de Cristamine S.A., ubicada en la localidad de Ibicuy, provincia de Entre Ríos, en Argentina, fue clausurada, evento que dejó al descubierto “una trama de falsedades, corrupción, desprecio por las condiciones de vida de la gente, engaños y muerte que pocos podíamos imaginar”, afirmó el ingeniero Carlos Cadoppi, uno de los más fervientes impulsores del cierre de esta empresa. “Las arenas silíceas de Cristamine son para el fracking de Vaca Muerta y acarrean destrucción del humedal y muerte”.
Vaca Muerta es una formación geológica de shale (petróleo de esquisto o shale oil y gas de lutita o shale gas) situada en la cuenca neuquina en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, en Argentina. La extensión del yacimiento es de 30.000 kilómetros cuadrados.
Según registros, CRISTAMINE S.A. es una firma conformada por Estela Viviana Hernández (presidenta), Amalia Maluendez (vicepresidenta), Gustavo Luis Maluendez (director titular) y José Ignacio Maluendez (director suplente).
Para el ingeniero Cadoppi, “la primera falacia a desmentir es el 'No al cierre' del que nos acusan para evitar sincerar el debate. Entonces decimos 'No al cierre, no a la destrucción y no a la muerte'”.
“Destrozaron todo cuando las cosas podrían haberse hecho bien. Están cebados por la costumbre de ser corruptos y ante la mansedumbre de los funcionarios de turno. Esto les cabe a todos, desde el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandie hasta el presidente de la municipalidad de Ibicuy Gustavo Roldán, pasando por gobernador, fiscal, ministros y muchos funcionarios”, denunció Cadopp, según un reporte de AIM.
El ingeniero aseguró que “nadie controló nada y nadie fue respetuoso de las obligaciones que cada cargo le imponía. Se firmaron presentaciones y aprobaciones sin que los firmantes tuvieran incumbencias ni habilitaciones para hacerlo”.
La Justicia Federal argentina clausuró la planta lavadora de arena silícea Cristamine, ubicada en Ibicuy. El material es un insumo básico para la fractura hidráulica (fracking) que permite acceder a los yacimientos no convencionales de gas y petróleo en Vaca Muerta. Ante esta acción, Cadoppi se mostró esperanzado y afirmó que “ocurrieron una cadena de daños que es necesario reconocer y describir, para que nuestro humedal del Delta vuelva a ser productivo y aportante de bienes y servicios ambientales hoy desaparecidos”.
Sobre los daños, explicó que “el primero es el más fácil de percibir: es la rotura del camino de acceso a Ibicuy desde la ruta nacional 12. Este camino está construido para soportar hasta determinado peso, pero, sin embargo, no hay balanza que controle las cargas ni la cantidad de viajes que deben pagar como impuesto al municipio. En estas condiciones, el asfalto se rompió ya varias veces y es el Estado provincial el que paga su reparación para que vuelvan a romperlo nuevamente los camiones de Cristamine, so pena de aislar a la comunidad del resto de la provincia y el país. Además, frustran el resto de las actividades productivas que imprescindiblemente deben transitar por la ruta provincial 45. ¿Tanto poder tienen las areneras como para no hacerse cargo siquiera de lo que rompen?”, preguntó.
Luego remarcó que, en segundo lugar, “se produce el taponamiento de las vías de salida del agua por la arena de mayor granulometría que no se utiliza para fabricar vidrios o para el fracking en Vaca Muerta. Las imágenes satelitales son claras al respecto. Pero, además, el estudio presentado por estos emprendimientos no contempla el impacto acumulativo, considerando otros emprendimientos que ya dificultan o impiden la salida de las aguas, según el desnivel natural que va de Norte a Sur y de Oeste a Este. Por exigirle a Cristamine que se considere la acumulación de los impactos de las obras que están en los cauces de los arroyos sobre los que influye la arenera, se ofendió el vicepresidente de esta empresa, como si esta verdad científica no fuera aplicable a su arenera”.
Según expresó el ingeniero Cadoppi, a estas obras prohibidas, realizadas por particulares sin autorización, “debemos sumar las obras públicas que condenan a la región a ser víctimas mayores de las inundaciones. Por ejemplo, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), realizó el alteo de la ruta que une el paraje Roldan con la RN 12, en el arroyo Sagastume, sin la suficiente cantidad de puentes que garanticen la salida natural de las aguas hacia el Río Uruguay. Lo mismo que el trasvasamiento del río Paranacito para que pase la draga hacia el arroyo Cuartillo, que nunca fue cerrado y que en cada creciente, aunque sea menor, aporta a las cuencas de toda la región que podrán volver a ser productivas si el agua se evapora. Solo ocurre en condiciones de sequía como las actuales, sino una nueva inundación se encuentra con la anterior que permanece aún en los campos”.
Cadoppi aseveró que el tercer desastre, el agua de lavado del subsuelo, es agua salada que además contiene Hierro, Manganeso y Arsénico que, en la medida que aumenten las concentraciones, se tornaran imposibles de potabilizar. “Agrego aquí que esa agua abastece además de los pobladores de Ibicuy, a más de 20 millones de personas desde su zona de influencia hasta su llegada al mar”, denunció.
Por último, la Silicosis, enfermedad silenciosa que se produce por la aspiración de polvo de sílice cuyos primeros síntomas aparecen a los 15 o 20 años de aspirado el polvo, “es ¡¡irreversible e incurable!! Pese a que la literatura médica la describe como una de las primeras enfermedades laborales, el vicepresidente de Cristamine señor Gustavo Maluendez niega su existencia. A él le digo que la aspiración de polvo de sílice causa fibrosis pulmonar, y que más del 30 por ciento de las personas que tienen fibrosis, tiene propensión a padecer cáncer de pulmón. Ambas enfermedades son irreversibles y mortales”.
Para Cadoppi, “es asombroso que, pese a que el tema areneras tenga amplia difusión pública e impacte significativamente en la región, ningún funcionario o legislador haya mostrado preocupación por el mismo. ¿Será ignorancia, incomprensión, corrupción, o soberbia?”, dijo y luego cargó contra la Mesa de Enlace Nacional y provincial. “A este tema no lo toman en consideración. Además, el Corufa aprobó cuestiones técnicas sin poder hacerlo y sin ningún control, la intendencia otro tanto, la secretaria de Ambiente, lo mismo. El Fiscal de Estado restó importancia al problema y el exministro de la Producción de Entre Ríos, Juan José Bahilo, en audiencia ante el juez, leyó un 'machete' que había llevado, sin asumir sus responsabilidades como presidente del Corufa”.
Además, opinó que “muchas de las presentaciones o aprobaciones carecen de validez, sea por falta de incumbencias en sus títulos de grado del firmante, por no estar habilitados a ejercer en la provincia o por no ser técnicamente rigurosas como para ser aceptadas. A pesar de todas estas situaciones, no dudo que se ha abierto una nueva instancia para recuperar ambiental, productiva y socialmente a nuestro Humedal del Delta del Paraná”, concluyó el ingeniero.
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