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Integra Arrenda S.A. sigue siendo contratada de manera directa en México por entidades de Gobierno pese a graves incumplimientos en la ejecución de contratos


La alcaldía de Tlalpan, demarcación ubicada al sur de la Ciudad de México, pagó más de 6 millones de pesos a la empresa Integra Arrenda para comprar autos, aunque esta compañía ha sido investigada y sancionada por incumplimientos.

El Gobierno presidido por la alcaldesa Alfa Eliana González Magallanes, en Tlalpan, ha “premiado” con contratos millonarios a empresas con historiales de incumplimiento y sanciones.

Datos obtenidos a través de transparencia, revelan que la alcaldía pagó más de 6 millones de pesos a Integra Arrenda, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. para la adquisición de automóviles, a pesar de su historial de anomalías.

La empresa ha sido investigada por órganos auditores federales por incumplir contratos o condiciones de prestación de servicios.

En junio de 2022, la demarcación que gobierna Alfa González firmó el contrato AT-2022-030-ADQ con Integra Arrenda, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., detalla información que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de México.

Según los datos revisados, el objeto del acuerdo comercial fue la “Adquisición de Camionetas Tipo Redilas-Pick Up y Vehículos Todo Terreno”.

Como pago a la empresa representada por Berenice Janet Torres se acordó la cantidad de 6 millones 275 mil 581 pesos.

No obstante, Integra Arrenda, es una filial de Grupo Andrade, perteneciente a Ángel Mieres Zimmermann, presidente del Consejo de Administración de El Heraldo de México.

El CEO de Integra Arrenda es José Alfredo Abascal, cuyas actividades reciben mucha atención por parte de los medios que conforman el grupo El Heraldo de México.

Desde su creación, Integra Arrenda S.A ha obtenido incalculables ingresos mediante el arrendamiento de automóviles, como la renta de patrullas policiales en Mexicali o el  Servicio de Arrendamiento de Vehículos Terrestres para  la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, entre muchos otros contratos de arrendamiento de automóviles a entidades del Gobierno mexicano.

En 2022, la empresa obtuvo un contrato por $159,090,308.76, vía adjudicación directa, por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), para el “Servicio de Arrendamiento de vehículos para el transporte terrestre de personal”.

La forma de contratación por parte de la alcaldía Tlalpan fue también la adjudicación directa, lo que significa que no hubo un concurso de licitación pública que asegurara las mejores condiciones en cuanto precio y calidad, como lo estipula la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.

La información consultada no detalla por qué motivo se realizó una adjudicación directa, ni cuántas camionetas o vehículos adquirió la demarcación.

Integra Arrenda, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. ha sido investigada por órganos auditores en al menos dos ocasiones en los últimos años.

La primera es la auditoría número 332 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al capítulo de Gasto de Arrendamiento de Vehículos Terrestres del año 2014 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según la investigación, la CFE erogó un total de 4 mil 500 millones de pesos, de los cuales, 762 millones fueron adjudicados a Integra Arrenda, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

En esta ocasión, la ASF encontró que no existen documentos que certifiquen que Integra Arrenda, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. entregó los vehículos arrendados en el tiempo y la forma acordada en el convenio comercial.

Por lo cual, la empresa se hizo acreedora a una sanción económica de 68 mil pesos.

La segunda auditoría es la 2020-1-08JBP-19-0327-2021 327-DE, que también la SFP realizó a Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) en el año 2021.

De acuerdo con el documento, SEGALMEX otorgó 2 contratos por adjudicación directa a Integra Arrenda, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., el CSS/021/2020 y el CSS/052/2020, ambos para la renta con opción a compra de camionetas pick up y camiones de volteo por un total, en conjunto, de 130 millones de pesos.

La primera anomalía hallada es que el acuerdo CSS/021/2020 no contó con dictamen de excepción a la licitación pública, mientras que el CSS/052/2020 no tenía justificado su dictamen de excepción.

“No se acreditó el supuesto por el que se ocasionaría un peligro o se alteraría el orden social, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”, menciona el documento.

La segunda irregularidad es que la empresa incumplió con los términos de entrega de los vehículos estipulados en el contrato CSS/021/2020.

“En 44 unidades no se indicó la ciudad o el municipio. Se identificó la entrega de 66 unidades en 10 estados de la república; de los 23 solicitados. Cinco unidades se entregaron dos y cuatro días después de la fecha máxima, sin que la entidad haya aplicado penas convencionales por 500 mil pesos”, señala la auditoría.

Ante esta situación, la ASF recomendó a SEGALMEX investigar y sancionar dichas anomalías.

“La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Diconsa S.A. de C.V. o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, en los servicios de arrendamientos vehiculares sin opción a compra omitieron verificar que los proveedores cumplieran con todas las condiciones pactadas en las entregas de las unidades de tiendas móviles, camionetas pick up doble cabina 4×2, camionetas y camionetas de 3.5 toneladas”, detalla el dictamen del órgano fiscalizador.

Esta no es la primera ocasión en que la demarcación incurre en anomalías: en abril de 2022, se conoció un caso de corrupción en contratos de tecnología en Tlalpan, en el que la demarcación compró equipo de cómputo con hasta 30 por ciento de sobreprecio.

El contrato correspondiente para la compra fue adjudicado directamente a Lesly Antonio Rodríguez García, lo que revela que no hubo un concurso de licitación pública entre varios proveedores para asegurar las mejores condiciones para la administración pública local.

El monto pagado por Tlalpan por los 18 equipos fue de 359 mil 909 pesos; cada computadora tuvo un costo unitario de 19 mil 994 pesos.

Sin embargo, al menos otros dos proveedores ofrecen el mismo equipo más barato y con las mismas especificaciones técnicas detalladas en el anexo del contrato: 8 gigabytes de memoria RAM, 500 gigabytes de capacidad de almacenamiento y procesador Core i5.

Por ejemplo, en la tienda de papelería, computación y artículos de oficina Office Depot se ofrece el mismo modelo de computadora en 14 mil 799 pesos, un 25 por ciento menos.



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