El empresario mexicano Juan Carlos Tapia Vargas nació en Tlamaco, Hidalgo. Su primer trabajo fue en la Comisión Federal de Electricidad (CFE); tenía 16 años. Nadie esperaba que poco más de una década después, con la empresa Construcciones Industriales Tapia (Citapia), de la noche a la mañana se convirtiera en uno de los empresarios más ricos y poderosos del estado que hoy gobierna Julio Menchaca. Su golpe de suerte se lo debería, y con creces, a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en México, reconoció ante la Corte Federal de Nueva York que había entregado más de 10.5 millones de dólares a Lozoya.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el sexenio de EPN, Odebrecht obtuvo tres contratos de Pemex que suman más de 4 mil 670 mdp para reconfigurar las refinerías de Tula y Salamanca. Tenían que repartir el botín, así que la indicación fue más que clara para la empresa brasileña: contratar a Citapia.
De hecho, la ASF detectó que Pemex dio un contrato a Odebrecht por mil 436 mdp y al final cobró 2 mil 315 millones, por los convenios modificatorios. Pero la constructora buscó a Citapia para la obra mediante dos contratos: el RTAS1-01-99-SCO-001, por 331 mdp, sin IVA, y el RTAS1-01-99-SCO-004, por 296 mdp, también sin el IVA incluido.
Según un reporte de Lourdes Mendoza para El Financiero, a partir de esto, de acuerdo con fuentes del mismo gobierno de Peña, Citapia fue recomendada directamente desde la Dirección General de Pemex con empresas del sector energético. Curiosamente en la página de Citapia presumieron mantener relaciones comerciales con Pemex, CFE, ICA Fluor, Dragados Industriales, Tecnimont, Samsung, Praxair, Isolux, Abener, Industria del Hierro y Saipem.
Años más tarde el cochinero se hizo evidente y la SFP impuso una multa de 206 millones 686 mil pesos contra Citapia por presentar información falsa en Pemex Refinación, y el 5 de junio de 2019 fue inhabilitada por 30 meses.
Como se llamó a este escándalo de corrupción a nivel mundial, condenó al dueño de la brasileña, Marcelo Odebrecht, a pasar 19 años y cuatro meses en prisión por el pago de sobornos a Petrobras. Mientras que la constructora debió pagar una multa por 2 mil 600 mdd.
En México las cosas no fueron iguales. A pesar de las sanciones contra Citapia, Juan Carlos Tapia Vargas fundó otras empresas espejo para ganar contratos en la refinería de Dos Bocas.
Y es que Tapia es muy cercano al esposo de Rocío Nahle, secretaria de Energía y cabeza de uno de los proyectos insignia de AMLO. Además, en Hidalgo, se le relaciona particularmente con Omar Fayad, quien le entregó su estado a Morena.
Tras la inhabilitación de Citapia, el empresario hidalguense echó mano de sociedades nuevas y otras que ya estaban creadas, pero a las que se les cambió el nombre para trabajar en Dos Bocas. En las razones sociales figura como accionista mayoritario junto con familiares y otros asociados.
Esta parte de la historia comienza cuando PTI Infraestructura de Desarrollo, filial de Pemex creada expresamente para construir la refinería de Dos Bocas, le adjudicó el contrato PTI-ID-S007/2019 a la empresa de Tapia, Mexicana de Recipientes a Presión, que luego cambió su nombre a Proesa, razón social que a su vez es accionista de MEPI y Procura y Proyectos, ambas, subcontratistas en la Refinería Olmeca, al igual que GCI y MAO, que además se encuentran en las mismas instalaciones de Hidalgo.
Ahora, con Santiago Nieto como procurador general de Justicia de Hidalgo y extitular de la UIF, la pregunta que salta entre el chapopote es: ¿investigará al empresario Juan Carlos Tapia Vargas, y su tinglado de empresas espejo? ¿O cómo es amigo de su jefe se hará de la vista gorda?
En 2018, Tapia Vargas y su empresa estrella, Citapia, libraron una acusación penal iniciada en su contra por el robo de hidrocarburo… sí, por huachicoleros, en el poliducto Tula-Salamanca propiedad de Pemex. Aunque la FGR, entonces PGR, abrió la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000397/2017, la parte acusadora se desistió y el 23 de enero de 2018 se determinó el no ejercicio de la acción penal.
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