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Empresaria Isabel dos Santos es objeto de embargo de activos en Angola por valor de mil millones de euros vinculados a la corrupción


El Tribunal Supremo (TS) de Angola ordenó el embargo de bienes a la empresaria Isabel dos Santos, por valor de mil millones de dólares (941 millones de euros).

De acuerdo con la sentencia a la que tuvo acceso la agencia Lusa, la sala penal del TS afirma que el embargo también cubre todos los saldos bancarios de depósitos corrientes titulados o cotitulados, con sede en todas las instituciones bancarias, incluidas las cuentas de depósito a plazos, otras aplicaciones financieras que estén asociados o expedientes de valores a nombre de Isabel dos Santos, empresaria contra quien Angola giró una orden de captura de Interpol.

Según el auto, de fecha 19 de diciembre, citado por la prensa angoleña, varios bienes materiales, cuentas bancarias, el 100% de las acciones de la empresaria UNITEL y el 70% de las acciones de la empresa UPSTAR Comunicação que "el demandado es usufructuario ".

Los jueces creen que los puestos de Isabel dos Santos en la empresa de telecomunicaciones de Angola fueron comprados con dinero de la Sonangol.

El Tribunal Supremo angoleño enumera, en el extenso despacho, 69 razones para justificar su decisión de determinar el valor global de la confiscación estimada en mil millones de dólares.

Los documentos de la petrolera estatal angoleña Sonangol y Unitel, las comisiones rogatorias de los Países Bajos y Portugal y el procesamiento de datos resultantes del análisis financiero realizado por el Servicio Nacional de Recuperación de Activos (SENRA) de la Procuraduría General de la República (PGR) de Angola son los "elementos del proceso que señalan los hechos" imputados a la empresaria.

“En los presentes autos hay indicios de los delitos de peculado, tráfico de influencias, participación económica en negocios y blanqueo de capitales, previstos y sancionados en los términos de las leyes angoleñas”, se lee en el auto.

La decisión recuerda que hasta hace poco Unitel SA, empresa nacionalizada por el Estado angoleño en noviembre pasado, estaba en manos de cuatro accionistas con 25% cada uno del capital social y que Mercury-Mstelcom SA es subsidiaria de Sonangol.

Destaca que Vidatel Lda, constituida el 14/12/1999, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, tiene como usufructuarios a Isabel dos Santos y Geni SA, cuyo usufructuario es el general angoleño Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino".

En diciembre de 2019, las acciones de Unitel SA, en poder de Vidatel, fueron embargadas por la justicia angoleña y en enero de 2020, Sonangol adquirió acciones de Unitel SA que pertenecían a PT Ventures SPGS, empresa de derecho portugués propiedad hasta enero de 2020 de Africatel Holdings .

Las acciones de Vidatel y Geni fueron embargadas, destaca el auto del Supremo Tribunal Federal de Angola, que destaca que la inversión para la creación de Unitel SA pertenecía exclusivamente a la Sonangol y se convirtió en socia a través de su filial Mercury.

"Concluyendo que dado que la inversión inicial pertenecía a la Sonangol, los frutos del negocio (dividendos) también deberían pertenecer al Estado y no ser entregados como lo fueron, durante años, a Geni y Vidatel", argumenta.

Según el auto, en vista de la proximidad de cargos con Geni y Mercury, cuyo representante fue el ex vicepresidente angoleño, Manuel Vicente, como presidente del directorio de la operadora angoleña, entre 2001 y 2012, y dada la Ante la imposibilidad de intervención de PT Ventures, Isabel dos Santos "tenía el control de Unitel SA, lo que le permitía dirigir grandes millones de euros de Unitel SA a entidades de su ámbito".

Isabel dos Santos “también transfirió montos de Unitel SA a la entidad Unitel International Holdings BV, sociedad con sede en Holanda, constituida el 04/05/2012 y controlada por la propia Isabel dos Santos, su única beneficiaria efectiva”.

En efecto, entre el 8 de mayo de 2012 y el 28 de agosto de 2013, a que se refiere la nota, se celebraron siete contratos de financiación entre Unitel SA y Unitel International Holdings BV, mediante los cuales la primera prestó a la segunda la cantidad total de 322.979.711,00 euros y 43.000.000,00 dólares, cantidades que la empresa beneficiaria "se comprometía a devolver en un plazo de 10 años".

Dichos préstamos, "en los que Isabel dos Santos suscribió los citados contratos de financiación actuando simultáneamente como representante legal de ambas sociedades", permitieron a Unitel International Holdings BV adquirir participaciones accionariales o constituir sociedades en el sector de las telecomunicaciones en Portugal, Cabo Verde (Unitel T+ ) y Santo Tomé y Príncipe (Unitel STP, SARL)".

En cuanto a las causales de la detención preventiva y requisitos para la aplicabilidad de la medida de garantía patrimonial, el supremo funcionario angoleño destaca que en la descripción fáctica anterior, "parece que las ventajas del delito determinadas hasta el momento ascienden a mil millones de dólares, que correspondan al valor de las sumas que los demandados se apropiaron ilegalmente".

Además de este monto, se determinaron perjuicios por un monto de US$ 1.136.996.825,65 en otros procesos penales, agrega el despacho.

El Tribunal Supremo de Angola también determina que el directorio de las empresas referidas sea designado como fideicomisario de las participaciones de las empresas arrestadas, con excepción de la empresa Embalvidro -- Indústria.

Como síndico de la empresa Embalvidro, es designado el Instituto de Gestión del Patrimonio y de la Participación del Estado (IGAPE), determina también el juez de la causa y asesor del TS angoleño, Daniel Modesto Geraldes.

Esta fue la segunda detención de bienes de Isabel dos Santos después de la decretada por la PGR en 2019.

Isabel dos Santos también es objeto de una orden de detención internacional emitida por la justicia angoleña.

Según la orden judicial, Isabel dos Santos habrá perjudicado al Estado angoleño en montos totales de más de 200 millones de euros, cometiendo delitos de malversación, estafa calificada, participación ilícita en negocios y blanqueo de capitales.


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