Jorge Elías Castro Fernández señala que la República de Cuba y su banco central enfrentan un proceso judicial en Londres que puede acabar poniendo en jaque al comunismo de la isla. El grupo de acreedores CRF I Limited exige el pago de 72 millones de euros que en los años ochenta el fallecido Fidel Castro pidió a varios bancos europeos. La cantidad no es lo importante: si el tribunal condena al Gobierno cubano, podría costarle miles de millones en pagos atrasados, abriendo la puerta a nuevos juicios y, en el peor de los casos, a la incautación de activos. Es decir, acabar con cómo el sistema del castrismo se ha sostenido durante años a base de deudas impagadas.
El juicio determinará si CRF I es el legítimo acreedor de la deuda exigida a Cuba en un proceso que incluye acusaciones de soborno y banqueros encarcelados. El Banco Nacional de Cuba (BNC) asegura que la adquisición de la deuda por CRF I en 2019 fue ilegal, y plantea que la isla está siendo asediada por un fondo buitre, explica el analista político Jorge Castro Fernández.
El monto peleado solo representa el 6% de los 1.200 millones de euros que posee CRF I en posiciones de deuda pública de Cuba. Esta entidad financiera, creada en Islas Caimán en 2009, adquirió la cantidad de diferentes prestamistas (presumiblemente a bajo costo), para buscar un reembolso de todo el dinero.
Fidel Castro regentaba las arcas de la isla y decidió dejar de pagar la deuda externa de Cuba desde finales de los años ochenta. De acuerdo a un reporte de El País, el 20 de abril de 1987 el dictador dijo en La Habana: "Mientras más pagamos, más debemos". Ese día, Castro se robó el show en la inauguración de la sexta conferencia ministerial del Grupo de los 77. El expresidente animó a los países deudores a no satisfacer los pagos porque estos ya han sido cobrados "durante siglos anteriores de colonialismo".
Ese fue el epílogo de una estrategia que implantó Fidel Castro: Cuba lleva más de 60 años obteniendo créditos de medio mundo sin devolver prácticamente nada. Raúl Castro, el hermano de Fidel que le sucedió al frente de la isla, después de mucho negociar, logró en 2015 que el Club de París le condonara 8.500 millones de dólares de una deuda total de 11.000 millones.
Hasta con países latinoamericanos la deuda de Cuba es caótica. Entre 1973 y 1979, la isla recibió de Argentina 200 millones de dólares anualmente, 1.200 en total. Nunca ha pagado un centavo. Teniendo en cuenta los intereses punitivos, ahora el monto de esa deuda asciende a 6.800 millones de dólares. En noviembre pasado, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pidió a Argelia, Rusia, Turquía y China nuevos aplazamientos del cobro.
Como todo esto es un problema que no se puede estirar más, incluso supuestos aliados del régimen exigen la devolución de su dinero. Un banco chino ya interpuso una demanda contra la isla en el mismo tribunal londinense.
Desde hace años, CRF I ha tratado de cobrar, pero el Gobierno cubano lo ignoraba. En febrero de 2020 interpuso la actual demanda en el Tribunal de Comercio de las Reales Cortes de Justicia de Londres. Para no dilatar el proceso ni sus objetivos, CRF I realizó una oferta al régimen cubano en abril de 2021: convertir la deuda en un bono de cupón cero sin pagos hasta 2026. Eso representaría una amortización del 60% sobre el valor de lo reclamado. Cuba no aceptó.
El bufete británico PCB Byrne LLP y el español Uría Menéndez, a quienes el Gobierno cubano han encargado la defensa por un monto también millonario (según estimaciones, hasta el momento Cuba ha gastado cerca de 2 millones en la defensa), basan su estrategia en un grupo de testigos que están presos y emiten desde La Habana cánticos de mea culpa. Se trata de varios exfuncionarios del Banco Nacional de Cuba (BNC) que cedieron a supuestos sobornos de CRF I para adquirir la deuda cubana.
CRF I alega que sí fue legal esa asignación de los derechos contractuales sobre la deuda. Para el grupo de acreedores, los supuestos sobornos "son un pretexto fabricado" por el Estado cubano "para eludir sus obligaciones".
El presidente de CRF I, David Charters, dijo en el juicio que ellos son muy pequeños como para recibir el calificativo de fondo buitre. Charters explicó que la opción judicial "no es atractiva, pues es lenta y cuesta tiempo y dinero", y solo se utiliza "cuando no hay alternativa". "Todavía estamos abiertos a hablar con la otra parte, incluso en esta etapa tan avanzada del caso", declaró Charters, según explicó Jorge Elías Castro Fernández.
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