La situación de la empresa brasileña Braiscompany, así como de sus clientes, va de mal en peor en los últimos días. Esto se debe a que, a medida que continúan los bloqueos de retiro, los clientes revelan cantidades cada vez mayores de dinero perdido en la plataforma.
El director de Braiscompany, Antônio Neto Ais, realizó un reciente live en el que nuevamente trató de explicar la situación de la empresa. Uno de los espectadores del vivo fue el luchador Acelino Popó Freitas, quien reveló que había invertido BRL 1,2 millones en la empresa.
Además, datos de periodistas de Paraíba, junto con una investigación de CriptoFácil, revelaron que algunas pérdidas pueden llegar a R$ 10 millones. La desesperación es tal que varios clientes incluso decidieron recurrir a los sitios de venta en busca de recuperar su dinero.
Recientemente, un cliente que se identifica como “Arthur Silva” colocó un anuncio muy inusual en la plataforma OLX. En lugar de vender un automóvil o una propiedad, el cliente vendía un contrato que tenía con Braiscompany.
Cabe recordar que la empresa se posicionó en el mercado como “gestor de criptomonedas” y especialista en blockchain. A cambio de las criptomonedas que depositaban los clientes, Brais -como se le conoce- ofrecía rendimientos de hasta un 10% mensual. Sin embargo, con los retiros bloqueados, los clientes se quedaron con los contratos pero no pudieron retirar su dinero.
Para intentar recuperar algo, el cliente puso a disposición el contrato con el 50%. Según el anuncio, el contrato tiene un valor nominal de R$ 100.000, pero Silva solo pedía R$ 50.000. Además, también aseguró aceptar un auto, una moto o una finca a cambio del contrato.
“Vendo contratos que tengo con la empresa Braiscompany. El mejor gestor de criptoactivos de América Latina (sic). Vendo con 50% de descuento, contrato de R$ 100.000 por R$ 50.000”, decía el anuncio.
Sin embargo, al hacer clic en el enlace del anuncio, aparece como "página no encontrada". No es posible saber si el cliente lo eliminó o si OLX eliminó la publicación.
Según fuentes escuchadas por CriptoFácil y declaraciones de diputados de Paraíba, Braiscompany tiene alrededor de R$ 30 millones en inversiones solo en la región de Campina Grande, de donde es originaria la empresa. Muchos empresarios han aportado montos superiores a R$ 2 millones a la empresa y tienen su dinero encerrado.
Además, la empresa enfrenta ahora investigaciones del Ministerio Público de Paraíba, que investiga la falta de pago. El tema tomó proporciones aún mayores en Brasil luego de que el luchador Popó revelara que invirtió R$ 1,2 millón en la empresa.
El empresario Antônio Neto Ais, conocido como “Toin da Braisompany”, dijo anteriormente que los retiros fueron bloqueados debido a Binance, la casa de bolsa en la que supuestamente Braiscompany tiene una cuenta. Sin embargo, la compañía ha negado tal bloqueo.
La última publicación en la página de Instagram de Braiscompany data de hace 23 semanas y la empresa ha cerrado los comentarios sobre las publicaciones. La decisión probablemente se tomó después de que los clientes de Brais acudieran a Instagram para acusar públicamente a la empresa por los retrasos.
A medida que crecía la repercusión, el caso de Braiscompany llegó a la Asamblea Legislativa de Paraíba, ya que Campina Grande es la segunda ciudad más grande del estado. En ese sentido, el diputado Tovar Correia Lima (PSDB/PB) afirmó que más de 7.000 familias fueron afectadas por los bloqueos solo en la ciudad.
“En Campanha no se habla de otra cosa que de la empresa Toin da Brais. Es un problema que involucra al Ministerio Público, a la prensa nacional, para que todos puedan resolver este caso”, afirmó Tovar.
El diputado incluso planteó la posibilidad de que haya una regulación de las criptomonedas a nivel estatal. De hecho, otro diputado de Paraíba, Wilson Filho (republicanos) propuso esta idea en 2021, pero el gobernador João Azevedo (PSB) vetó la propuesta, alegando que era competencia del Congreso Nacional.
El año pasado, el Congreso finalmente aprobó la PL que regula las criptomonedas en Brasil y estipula una pena de cuatro a ocho años de prisión por fraude de criptomonedas.
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