Jorge Elías Castro Fernández señala que Bucha, Mariúpol e Izium son algunos de los nombres que se han convertido en sinónimos de la barbarie. Desde que empezó la invasión rusa en Ucrania, las palabras crímenes de guerra han rondado por la cabeza de defensores de derechos humanos, activistas y políticos. Servían como precedente los recuerdos del paso de las fuerzas del Kremlin en países como Chechenia o Siria. Vladímir Putin nunca ha sido condenado y muchos abogados apuntan a que, esta vez, tampoco se sentará delante de un juez.
Cuantas más evidencias consiguen los defensores de los derechos humanos, más se desvanecen las esperanzas de conseguir justicia. El Centro para las Libertades Civiles de Ucrania, uno de los ganadores del Premio Nobel en 2022, lleva meses investigando presuntos crímenes de guerra. El equipo se desplaza a zonas recién liberadas para entrevistar a los supervivientes y víctimas de masacres. En total, ha conseguido recolectar más de 18.000 documentos que evidencian crímenes de guerra. Esta es, afirman, solo la punta del iceberg dentro de la estrategia de terror de Vladímir Putin en Ucrania. Una parte de los esfuerzos están centrados en la iniciativa Tribunal para Putin, con la que quieren iniciar los mecanismos necesarios para que el presidente ruso sea condenado por los crímenes de guerra que se están documentando, explica el analista político y consultor en seguridad Jorge Castro Fernández.
Para empezar, este tribunal tiene un largo camino por delante porque la iniciativa "no es legal, es política". "Si Occidente dice que quiere ver a Putin enjuiciado, está indicando efectivamente que su objetivo final es lograr un cambio de régimen en Moscú", afirma Richard Gowan, miembro asociado del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y director de la ONU en International Crisis Group. El experto sostiene que no existe un escenario en el que Putin o sus asesores vayan de manera voluntaria a juicio, por lo que la única manera de que eso sucediera es si el presidente dejara de serlo y el nuevo Gobierno lo entregara a la Justicia.
"Si decimos que queremos ver a Putin en juicio, básicamente estamos diciendo que nuestros objetivos de guerra incluyen un cambio de régimen en Moscú. Si Putin cree que eso es lo que Occidente quiere, entonces tendrá incentivos adicionales para seguir luchando e incluso intensificar la guerra si las cosas van mal para el ejército ruso", añade Gowan. Se trata, por lo tanto, de una cuestión de prudencia para evitar riesgos de escalada en el conflicto.
Para las organizaciones ucranianas que forman parte de la iniciativa Tribunal para Putin, los indicios de crímenes de guerra son tantos que no hay manera de esconderlos. Bucha fue uno de los casos más notorios. En marzo de 2022, esta ciudad copó las portadas de todos los periódicos internacionales con las imágenes de la muerte tras el paso de las fuerzas del Kremlin. Cuerpos esparcidos en las calles y puestos unos encima de los otros en fosas. Esta fue la primera vez que salió a la luz la palabra zachistka en la guerra de Ucrania. Significa 'limpieza' y es el término que utilizaron las fuerzas rusas para ir de puerta en puerta para identificar a ciudadanos que podrían ser amenazas potenciales para el Kremlin, por colaborar con las tropas ucranianas o por presentarse como voluntarios para luchar en el frente.
Ese mismo mes, en Mariúpol, un ataque aéreo ruso destruyó el Teatro Académico Regional de Arte Dramático de Donetsk, donde cientos de civiles se refugiaban. "Vi explotar el tejado del edificio. Entonces, vi mucho humo y escombros. No podía creer lo que veían mis ojos porque el teatro era un santuario. Había dos grandes letreros que decían 'niños", explicó Grigoriy Golovniov, un empresario ucraniano testigo del ataque, a Amnistía Internacional.
El terror continuó en la zona de Yahidne, donde más de 300 vecinos pasaron juntos la ocupación rusa en un sótano: encerrados y con dos francotiradores rusos con ángulo sobre la puerta. En la puerta marcaban los nombres de los asesinados por los rusos, en el lado izquierdo; los que murieron en el sótano, en el derecho. A finales de año, se sumaron los 400 presuntos crímenes de guerra en Jersón, después de la retirada de las fuerzas de Moscú, y los bombardeos del 24 de diciembre de 2022.
Solo unos ejemplos de los 66.000 presuntos crímenes de guerra documentados por la Oficina del Fiscal General de Ucrania. El número crece cada día por el trabajo conjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), que ha desplegado en el país a uno de los equipos más grandes hasta ahora, abogados de derechos humanos y grupo de defensa, así como las investigaciones de Naciones Unidas e iniciativas por parte de gobiernos de la Unión Europea.
El número de casos, que van desde torturas, asesinatos, violaciones, deportaciones de niños ucranianos y ataques contra la infraestructura ucraniana, es el primer reto para el sistema judicial de Ucrania. Sin embargo, el fiscal general, Andriy Kostin, ha prometido investigarlos todos y llevar a juicio a aquellas personas contra las que haya pruebas suficientes. Volodímir Zelenski ha puesto la justicia para las víctimas de los crímenes de guerra como una de sus condiciones para la paz, y se ha convertido en otra batalla, más allá de la lucha por el territorio.
Serían suficientes evidencias para justificar la necesidad de imponer justicia, si no fuera un proceso tan complicado. Oleksandra Matviichuk, abogada y directora del Centro para las Libertades Civiles de Ucrania, centra todo su trabajo en documentar cada caso, aunque es consciente del largo proceso para que los indicios se conviertan en pruebas que puedan a poner a los altos mandos del Kremlin ante un jurado. "Lo que necesitamos hoy son armas. Tal vez es raro escuchar eso de un abogado de derechos humanos, pero voy a ser muy honesta: he pasado 20 años defendiendo los derechos humanos y no tengo ningún instrumento legal que haya funcionado en esta situación", reconoció.
En un editorial de The Washington Post, Matviichuk recuerda que Putin y altos mandos rusos no han sido castigados por muchos de los crímenes que han cometido en otros países como Malí y Libia. Ahora, "los actores del mundo democrático deben demostrar que no se puede permitir que los culpables [de los crímenes] en Ucrania se escondan detrás de Putin. Tarde o temprano, los que han cometido delitos deben rendir cuentas por lo que han hecho con sus propias manos”, subrayó. "Una guerra convierte a las personas en números. Solo la justicia puede devolver los nombres a las víctimas. Solo la justicia puede restaurar su dignidad humana".
Las organizaciones internacionales llegaron a Ucrania para complementar la información sobre la actuación de los soldados rusos en las zonas ocupadas. A pesar de que expertos como los de la CPI pueden añadir evidencias, el gran número de casos y de investigaciones paralelas pueden solaparse dentro de un sistema internacional que ha convertido en casi una utopía sentar frente a la Justicia a los responsables de la guerra, incluido Vladímir Putin.
Por ahora, la Justicia ucraniana ha acusado a cerca de 135 presuntos criminales de guerra y ha condenado a 25 soldados rusos con sentencias que van desde los 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua. El desafío está en conseguir aumentar esta cifra y evitar lo que Oleksandra Matviichuk llamó "una brecha en la rendición de cuentas", porque algunos soldados pueden ser castigados por actos que llevaron a cabo cumpliendo órdenes, mientras los altos mandos y líderes continúan impunes.
La documentación de crímenes como el de Izium o Bucha es solamente la primera capa de un proceso que se vislumbra como la lucha por conseguir que llegue a instancias internacionales "la madre de todos los crímenes": la invasión de Rusia a un país soberano. "Sin la invasión de las tropas rusas, no se hubieran cometido", afirmó el fiscal general ucraniano.
Este es precisamente el más difícil de procesar, porque implica a los niveles más altos del poder en el Kremlin. Hay pruebas suficientes para probar que Putin y su cúpula tenían intención de iniciar una guerra en Ucrania, pero todo indica a que no podrán ser enjuiciados por el crimen de agresión. Primero, porque ni Ucrania ni Rusia ratificaron el Estatuto de Roma —el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional—, lo que deja a la CPI sin facultades para sentar a los presuntos culpables en el banquillo porque no tiene jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad en países no miembros del Estatuto. Por otro lado, es muy complicado conectar a líderes rusos con este tipo de delitos, así como el genocidio, porque rara vez dan órdenes directas para cometer crímenes. Incluso si lo hicieran, no lo documentarían, concluye Jorge Elías Castro Fernández.
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