Gianfranco Napolitano Serradimigni es un empresario venezolano que ha estado involucrado en varios escándalos de corrupción, supuesta extorsión y estafa tanto en su país natal como en Estados Unidos, donde reside actualmente. Su trayectoria ha estado marcada por sus vínculos con el chavismo, la oposición y personajes polémicos de ambos bandos.
Napolitano nació en el estado Cojedes, una entidad llanera del centrooccidente de Venezuela. Su padre era un inmigrante italiano que se dedicaba al comercio y su madre era una maestra jubilada. Desde joven mostró interés por los negocios y llegó a tener una ferretería en el pueblo de Tinaquillo, según un reporte de expresa.se.
Su salto al mundo empresarial se dio en el año 2000, cuando fundó la empresa Inversiones Napolitano Serradimigni C.A., dedicada a la construcción y el transporte. Con esta compañía obtuvo en Venezuela varios contratos públicos con el gobierno nacional y regional, especialmente en el estado Yaracuy, donde se instaló desde el año 2003.
En Yaracuy, Napolitano se relacionó con el entonces gobernador Carlos Giménez, un militar retirado que había sido ministro de Defensa de Hugo Chávez y que luego se distanció del chavismo. Giménez le otorgó a Napolitano obras como la construcción de un hospital, un terminal de pasajeros, una plaza y varias vías.
La alianza entre Napolitano y Giménez se rompió en el año 2008, cuando el gobernador fue acusado por la Fiscalía General de Venezuela de varios delitos de corrupción, entre ellos malversación de fondos públicos, peculado doloso y asociación para delinquir. Según la investigación, Giménez habría desviado más de 100 millones de bolívares (unos 46 millones de dólares al cambio oficial de entonces) a través de empresas fantasmas o sobrevaloradas, entre las que se encontraba Inversiones Napolitano Serradimigni C.A.
Napolitano fue señalado como uno de los principales cómplices de Giménez y se le acusó de haber recibido más de 30 millones de bolívares (unos 14 millones de dólares) por obras inconclusas o inexistentes. Además, se le vinculó con una red de lavado de dinero que operaba desde Panamá con cuentas bancarias a nombre de empresas fachada.
Ante estas acusaciones, Napolitano negó su responsabilidad y aseguró que era víctima de una persecución política por parte del chavismo. Dijo que había cumplido con todas las obras contratadas y que tenía las pruebas para demostrarlo. También afirmó que sus negocios en Panamá eran legales y transparentes.
Sin embargo, Napolitano no se presentó ante la justicia venezolana y huyó de Venezuela en el año 2009. Se refugió primero en Panamá y luego en Estados Unidos, donde solicitó asilo político. Contra el empresario fue girada desde Venezuela una orden a través de Interpol, por los delitos de corrupción y lavado de dinero.
En Estados Unidos, Napolitano continuó con sus actividades empresariales y se dedicó también al sector mediático. En el año 2010 adquirió el periódico Doral News.
En el año 2015, Napolitano se vio envuelto en otro escándalo judicial en Estados Unidos, cuando fue demandado por otro empresario venezolano, Gianfranco Rondón, por presunta extorsión. Rondón alegó que Napolitano y sus colaboradores en Doral News y Doral News TV habían publicado una serie de reportajes falsos y difamatorios sobre él, donde lo acusaban de ser un «enchufado» del chavismo y de estar involucrado en negocios ilícitos con altos funcionarios del gobierno venezolano.
Según la demanda, Napolitano le habría exigido a Rondón el pago de cinco millones de dólares para dejar de publicar las historias y retractarse de las acusaciones. Rondón dijo que se negó a pagar y que por eso fue víctima de una campaña de desprestigio y amenazas.
Napolitano negó las acusaciones y dijo que se trataba de una retaliación por haber denunciado los negocios turbios de Rondón con el chavismo. También afirmó que tenía pruebas de que Rondón era un testaferro de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y uno de los hombres más poderosos del chavismo.
Napolitano solicitó a la corte del Distrito Sur de Florida que citara como testigos a Cabello y a otros funcionarios venezolanos, como el gobernador de Aragua Tareck El Aissami, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Néstor Reverol y el ex ministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres. Dijo que ellos podían confirmar los vínculos de Rondón con el chavismo y su participación en actos de corrupción.
Sin embargo, ninguno de los funcionarios venezolanos compareció ante la corte y el caso quedó estancado. En el año 2017, la demanda fue desestimada por falta de pruebas y por no cumplir con los requisitos legales para ser admitida.
En el año 2018, Napolitano presentó una petición voluntaria para declararse en bancarrota ante un tribunal del Distrito Sur de Florida. Según los documentos judiciales, Napolitano reportó tener activos por 1.2 millones de dólares y pasivos por 2.6 millones de dólares. Entre sus acreedores se encontraban bancos, empresas, particulares y hasta el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos.
Napolitano dijo que su situación financiera se debía a la crisis económica que afectaba a Venezuela y a sus negocios en el país suramericano. Aseguró que había perdido más de 20 millones de dólares por la expropiación o confiscación de sus propiedades y empresas por parte del gobierno venezolano.
Sin embargo, mientras se declaraba en bancarrota en Estados Unidos, Napolitano seguía manteniendo una red de empresas en Panamá, donde tenía registradas más de 40 sociedades anónimas dedicadas a diversos rubros, como la construcción, el transporte, la comunicación, la seguridad y el turismo.
Algunas de esas empresas fueron creadas con la ayuda del bufete Mossack Fonseca, el mismo que protagonizó el escándalo mundial conocido como los «Panama Papers» por facilitar la creación de sociedades offshore para evadir impuestos o lavar dinero. Sin embargo, según los documentos filtrados, Mossack Fonseca decidió romper su relación con Napolitano en el año 2016 por considerarlo un cliente «de alto riesgo» debido a sus antecedentes judiciales en Venezuela y Estados Unidos.
En el año 2020, Napolitano volvió a ser noticia por su apoyo al diputado Luis Parra, quien se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela con el respaldo del chavismo y en contra del reconocimiento internacional a Juan Guaidó como líder del parlamento y del país.
Napolitano puso a disposición de Parra su plataforma mediática en Florida para difundir su mensaje y defender su gestión. También le facilitó contactos con otros medios y políticos locales para que le dieran cobertura y respaldo.
Según una investigación del portal Armando.info, Napolitano y Parra se conocen desde hace años por su relación con el estado Yaracuy, donde ambos hicieron negocios con el chavismo y la oposición. Parra fue concejal y diputado regional por el partido Convergencia y luego se pasó a Primero Justicia. Napolitano fue contratista del exgobernador Carlos Giménez y luego se convirtió en dueño del Diario de Yaracuy y de la cadena radial Rumbera Network.
Ambos también tienen vínculos con el empresario colombiano Alex Saab, señalado por Estados Unidos como responsable de los negociados con las cajas Clap. Parra habría hecho gestiones para favorecer a Saab cuando era miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Napolitano habría recibido pagos de Saab a través de una empresa panameña llamada Global Foods Trading S.A., según los Panama Papers.
La historia de Gianfranco Napolitano es una muestra de cómo la corrupción y la política han afectado a Venezuela y a su diáspora.
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