La Fiscalía de Francisco Barbosa tiene evidencias, pero no procesa a los magnates venezolanos que, desde sus compañías petroleras en Barranquilla, apoyaron económicamente campos de adiestramiento en la Guajira donde se entrenaban exmilitares venezolanos para derrocar al presidente Nicolas Maduro en mayo de 2020. Esta es la historia de la fallida “Operación Gedeón” que ocurrió tres años atrás.
Un informe secreto de la Fiscalía colombiana, revelado por la revista RAYA, muestra la red empresarial que se armó detrás de la fracasada “Operación Gedeón” que buscaba, a inicios de 2020, dar un golpe de Estado contra el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro Moros. La investigación, en la que trabajaron una docena de agentes de la Policía, recogió testimonios y documentos que llevaron a la cárcel, un año después, a Yacsy Alezandra Álvarez Mirabal, la mujer que ha sido calificada como la “Mata Hari” venezolana dentro del plan. Sin embargo, dos de los tres grandes empresarios siguen en libertad y sin ser acusados por la Fiscalía de Francisco Barbosa Delgado, a pesar de que las pruebas se obtuvieron y de que los testigos los señalaron como patrocinadores, desde sus empresas ubicadas en Barranquilla, en esta trama internacional contra Venezuela.
Álvarez está imputada de haber organizado toda la logística para que un conductor de la Costa trasladara entre Barranquilla y Santa Marta 26 fusiles calibre 5.56, silenciadores de armas de fuego, 26 visores nocturnos de dos ojos, 29 visores nocturnos de un ojo, 4 binoculares nocturnos, 438 baterías Motorola, 15 cascos militares, 3 chalecos antibalas, entre otros elementos incautados que evidenciaron la conspiración.
Álvarez está acusada de haber preparado toda la logística para que un conductor de la Costa transportara entre Barranquilla y Santa Marta 26 fusiles calibre 5.56, silenciadores de armas de fuego, 26 visores nocturnos de dos ojos, 29 visores nocturnos de un ojo, 4 binoculares nocturnos, 438 baterías Motorola, 15 cascos militares, 3 chalecos antibalas, entre otros elementos decomisados que pusieron al descubierto la conspiración.
Los tres empresarios, uno de ellos capturado en Caracas semanas después de que cayera el material bélico en el norte de Colombia, tienen en común que han sido dueños, socios o directivos de las más importantes empresas petroleras de Venezuela y las cuales actualmente tienen su asiento en Barranquilla. Uno de ellos es Jorge Luis Cordero García, dueño de la empresa Veneco Colombia SAS y quien, según un correo electrónico en poder de la Fiscalía, emitió un memorando para ser el codeudor en el arriendo de una vivienda urbana en Barranquilla la cual sirvió de logística para todas las actuaciones de Álvarez Mirabal. “Esto permitirá a la Fiscalía probar su teoría del caso, en cuanto a la materialidad del delito de porte ilegal de armas y el delito de entrenamiento para actividades ilícitas, así como la participación de la acusada en esos hechos y su responsabilidad”, resalta uno de los apartados del documento escrito por un investigador de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y el cual fue utilizado por la Fiscalía en contra de Álvarez, pero no contra los empresarios, según un reporte de Edinson Arley Bolaños en la Revista Raya.
Cordero García es socio de otro de los empresarios del petróleo ocultos en esta trama: Ricardo Francisco Barreto Muskus. Actualmente reside en Miami, pero una de sus empresas más importantes está asentada en Barranquilla. Se trata de Solmico OIL SAS, una sociedad que se constituyó en Barranquilla el 26 de febrero de 2014, con el fin de operar de forma exclusiva en zonas francas la refinación de petróleo o hidrocarburos para la producción de combustibles, derivados del petróleo crudo y sus mezclas. Esta aparece en el documento como aliada de Álvarez Mirabal junto con otra empresa de Barreto Muskus: Esquivenza S.A. que luego pasaría a llamarse Especialidades Quimicas Venoco S.A., también asentada en Barranquilla.
Ricardo Barreto Muskus actualmente vive en Miami y no está siendo procesado por la Fiscalía de Francisco Barbosa
Según el documento en poder de la Fiscalía, estas empresas hacen parte del entramado financiero desde el que “presuntamente salió el dinero para financiar los gastos necesarios para la organización, planeación y ejecución del entrenamiento ilícito por el que se llamó a juicio a Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal”, la mujer apodada como la Mata Hari venezolana y quien actualmente está recluida en la cárcel La Picaleña de Ibagué. Es más, dice el documento, los testigos señalaron a estas empresas como fuente del dinero que les era entregado por Álvarez a los exmilitares para solventar gastos de sostenimiento.
De acuerdo con la investigación del periodista de la agencia AP Joshua Goodman, quien reveló esta operación el primero de mayo de 2020, eran más de 300 los exmilitares venezolanos que se preparaban en distintos campamentos ubicados en la península de La Guajira. Quien los entrenaba y es señalado como cerebro de la fallida operación es Jordan Goudreau, un exboina verde estadounidense que se comunicaba en Barranquilla, por medio de la traducción de Álvarez, con un general retirado del Ejército venezolano: Cliver Alcalá, extraditado a Estados Unidos y también acusado de intentar ejecutar el golpe de Estado junto con Goudreau.
Para ello, meses antes, en septiembre de 2019, Goudreau convocó a varios empresarios en Miami y Washington con el fin de buscar la financiación de la fracasada operación. A cambio de ello, reveló la AP, les prometieron acceso preferencial para negociar acuerdos en los sectores de energía y minería con un eventual gobierno del autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó, según lo confesó a dicha agencia de noticias uno de los empresarios. Para ese tiempo, el empresario Barreto Muskus ya le había entregado un poder especial desde Miami a Jorge Cordero García para que en nombre de la empresa Solmico firmara endosos totales o parciales en Barranquilla.
Poder que Ricardo Barreto Muskus le otorgó a Jorge Cordero para que lo representara en Barranquilla.
Este apartado de la historia es importante por cuanto los empresarios hasta hoy ocultos no solo eran los más poderosos en el sector minero en Venezuela, sino también, porque desde 2010 se convirtieron en archienemigos del presidente Hugo Chávez y su revolución. La razón: la expropiación de la mayor petroquímica del país de su propiedad, Venoklim, luego de que se acusara a esos empresarios de especular con los precios y de explotar a los trabajadores. Desde entonces, hace parte de la estatal Petróleos de Venezuela, SA, conocida como PDVSA. De hecho, en 2014 Barreto Muskus, presidente de dicha petroquímica, fue bloqueado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana para que no ingresara a la empresa en el municipio de Guaraca, estado de Carabobo, a raíz de la decisión expropiatoria del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Ricardo Francisco Barreto Muskus frente a una de las empresas de Venoklim en el
Estado de Carabobo, Venezuela en septiembre de 2014.
Sobre el empresario Barreto Muskus también hay que decir que ha sido el histórico presidente de Industrias Venoco C.A., la sociedad sombrilla más grande de otro de los conspiradores: Franklin Durán Guerrero, capturado en Caracas el 24 de mayo de 2020 acusado de financiar el golpe de Estado. Según un documento expedido por el Registro Comercial de la Cámara de Comercio de Oost, sur de Países Bajos, Barreto también fue miembro del Consejo Directivo de Venoklim desde 2008. Igualmente, fue el presidente de la empresa sueca que controla a Venoklim: International Petrokemiklim AB.
Como lo mostramos en la siguiente gráfica, Barreto era tan cercano a Durán y sus empresas que se convirtió en el presidente de cuatro de las filiales de Venoklim: Lubricantes Venoco, ADINOVEN, Servicios Venoco y CANGL; además, en director de Química Venoco, la quinta filial de Venoklim.
A pesar de todas las evidencias con las que cuenta la Fiscalía de Francisco Barbosa, la investigación y acusación solo avanzó contra Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal. De hecho, el documento en poder de la revista RAYA dice que el Banco de Occidente entregó a la Fiscalía el contrato financiero relacionado con la adquisición del vehículo marca NISSAN de placas IRY290, usado para el transporte de las armas y otros elementos el 23 de marzo de 2020 antes de ser entregado al conductor capturado Jorge Molinares en el edificio Laura de Barranquilla, comprado por la firma Solmico S.A., de la cual Barreto Muskus es su representante legal. Para dicha compra, dice el documento, la empresa Venoco Colombia SAS, de Franklin Durán, fue el codeudor.
Así las cosas, el único de los tres empresarios que actualmente está capturado en el edificio Helicoide de Caracas es Franklin Durán Guerrero, quien fue capturado casi un mes después de que cayeran las armas en el norte de Colombia, acusado de transportar desde Miami a Barranquilla, en un avión de su propiedad, al exboina verde Jordan Goudreau. Los otros dos empresarios, Jorge Luis Cordero García y Ricardo Francisco Barrero Muskus gozan de plena libertad, no están acusados por la Fiscalía colombiana y aún tienen sus prosperas empresas asentadas en Barranquilla desde donde dispusieron de todo su aparato económico para que la Mata Hari venezolana ejecutara la logística y les permitiera a los mercenarios entrar a Venezuela y tomarse el poder por las armas. De haberlo logrado, ni el presidente Iván Duque ni el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó luego habrían negado la participación en dicha conspiración.
Franklin Durán fue capturado en Caracas a finales de mayo de 2020. Autoridades de Estados Unidos también lo investigan por los vuelos realizados en un avión de su propiedad entre Miami y Barranquilla, con el fin de trasladar al exboina verde Jordan Goudreau y dos militares retirados de EE.UU. actualmente detenidos en Venezuela.
Lea completo aquí
0 Comentarios