Los cargos contra un banquero suizo-portugués que supuestamente colaboró en ocultar millones de dólares en sobornos a altos directivos de la petrolera venezolana PDVSA fueron desestimados por un juez federal en Houston debido a las largas demoras para llevar el caso a juicio.
El juez Kenneth Hoyt determinó el miércoles que el derecho constitucional de Paulo Murta a un juicio rápido en un plazo de 70 días después de la acusación fue violado por las demoras injustificadas en los juicios.
Murta fue extraditado desde Portugal, su país natal, tras una larga batalla legal y acusado en 2019 de lavado de dinero como parte de una amplia investigación de varios años sobre la corrupción en PDVSA, la compañía estatal de petróleo de Venezuela. Estuvo nueve meses en prisión preventiva antes de quedar en libertad el año pasado con una fianza de 75.000 dólares, según informó Josué Goodman para la agencia AP.
Los fiscales solicitaron a Hoyt que aplazara su orden al menos siete días mientras presentaban una apelación ante el 5º Circuito de Apelaciones de EE. UU., que supervisa los procedimientos federales en Houston.
“Murta está acusado por su participación en un plan de soborno y lavado de dinero en el extranjero que se expande. La sociedad tiene un interés importante en que se resuelvan esos cargos”, escribieron los fiscales de la división de fraude del Departamento de Justicia. “Si este Tribunal se equivocó al desestimar la acusación y no se concede la suspensión, esos intereses sociales se verán frustrados”.
Es la segunda vez que Hoyt desestima los cargos contra Murta. En 2022, encontró que los fiscales no tenían jurisdicción para acusar al ciudadano extranjero, pero el quinto circuito anuló el fallo y el caso volvió a Hoyt.
Murta, que trabajaba para una empresa suiza no identificada vinculada estrechamente con los banqueros del imperio financiero portugués Banco Espirito Santo, fue acusado de crear préstamos falsos y establecer empresas ficticias en Suiza, Curazao y Dubái para ocultar las ganancias del plan de soborno de PDVSA.
Los fiscales dijeron que actuaba como agente de dos empresarios venezolanos y un exfuncionario de la compañía eléctrica estatal de Venezuela, quienes admitieron su participación en el plan de soborno mediante el cual los proveedores buscaban un trato preferencial de PDVSA.
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