Varios extrabajadores de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa que conocen de primera mano el entramado de corrupción que desvió fondos de la venta de petróleo venezolano mediante criptomonedas y demoras artificiales en los embarques, han salido de Venezuela y buscan cooperar con las autoridades federales de Estados Unidos, según un reporte del periodista Casto Ocando para la web Primer Informe.
Estos exempleados y ejecutivos ocuparon distintos cargos en la petrolera estatal venezolana antes de 2019, año en que empezaron a llegar a territorio estadounidense.
Actualmente, están en contacto o tienen previsto contactar con agencias federales de investigación en Miami, como Homeland Security Investigations (HSI) y otras que han llevado casos de corrupción en Pdvsa.
De acuerdo con un representante de estas personas y un abogado que está revisando las pruebas, que pidieron mantener su anonimato hasta que se acuerden los términos de la cooperación, se proporcionará información relevante a las autoridades sobre los mecanismos que usó la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa para burlar las sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano y operar una red internacional de corrupción y lavado de dinero, usando efectivo y criptomonedas.
El doble esquema del Pdvsa-Cripto
Uno de los exfuncionarios tiene información confidencial sobre el plan corrupto conocido como Pdvsa-Cripto, que consistía en dos modalidades delictivas.
La primera modalidad consistía en pagar comisiones ilegales usando una táctica de retrasar por semanas el envío de crudo, haciendo que el costo del transporte fuera igual al del petróleo, lo que implicaba regalar el crudo.
Este plan fue ejecutado por orden del Vicepresidente de Comercio y Suministro, el coronel Antonio José Pérez Suárez, y causó pérdidas multimillonarias a Pdvsa y beneficios extraordinarios para altos funcionarios de la empresa, incluyendo al propio coronel Pérez Suárez, y para operadores extranjeros que alquilaban los buques.
La segunda modalidad consistía en pagar el combustible enviado mediante barcos contratados por intermediarios griegos e italianos, usando criptomonedas que no entraban en el sistema de cobros de Pdvsa sino a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), y desde allí se repartían a fondos privados, generando pérdidas combinadas por más de 21 mil millones de dólares en un período estimado entre 4 y 5 años.
Los operadores internacionales
Las autoridades federales están especialmente interesadas en el papel de los operadores Álvaro Pulido, de origen colombiano, Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, a quienes el Departamento del Tesoro considera como los "sucesores" del operador colombiano Álex Saab, actualmente detenido en Estados Unidos.
Álvaro Pulido, socio de Álex Saab y actualmente detenido en Venezuela por su participación en el escándalo Pdvsa-Cripto, está acusado junto a Bazzoni de operar una estructura de presunto lavado de dinero para enviar fondos ilegales al coronel Pérez Suárez y a otras cuentas privadas.
A su vez, Leal Jiménez está acusado de crear un conglomerado de empresas en varios paraísos fiscales para desviar fondos de la corrupción en Pdvsa y pagar presuntos sobornos a funcionarios de la petrolera venezolana.
Pulido enviaba los recursos para el pago de sobornos a través de las empresas Ocean Blue Corporation S.A. e Inversiones Josyfe Corporation Inc., ambas registradas en Panamá, y controladas por el empresario venezolano José Youssef Boutros, según registros corporativos.
Según una fuente con conocimiento de las operaciones, las empresas recibían fondos en euros o en criptomonedas que luego convertían en dólares en efectivo, para realizar los pagos al coronel Pérez Suárez.
Por su parte, Bazzoni usó la empresa Baer Capital Partners, subsidiaria del MBaer Merchant Bank en Dubai, para movilizar capitales desde Asia a Suiza, producto de la venta ilícita de crudo venezolano. Según un reporte, Bazzoni y su esposa Siri Evjemo Nysveem usaron la empresa Norge Oil Limited, establecida en el paraíso fiscal británico de Isle of Man para dirigir sus inversiones, incluyendo aquellas realizadas en el banco suizo.
En 2020, Evjemo Nysveem fue nombrada miembro de la junta directiva de MBaer Merchant Bank, justo después de que el banco formalizara un aumento de capital de 6.83 millones de francos suizos (unos $7.6 millones).
Curiosamente, Evjemo Nysveem fue eliminada de la directiva del banco en marzo de 2023, justo semanas después de haber estallado el escándalo de la corrupción en Pdvsa vinculado a Tarek El Aissami, y comenzó a circular evidencia de la participación de Bazzoni en el esquema fraudulento contra la estatal venezolana.
Los fugitivos y los detenidos
No se sabe con exactitud el número de personas con conocimiento o vinculadas a la trama Pdvsa-cripto y otros recientes escándalos de corrupción en Venezuela (como el caso CVG y Cartones de Venezuela), que vinieron antes del escándalo o escaparon a territorio norteamericano.
Según la fiscalía de Venezuela, de las 81 órdenes de detención en relación a estos escándalos, solo se han arrestado hasta ahora un total de 61 personas. Una veintena de personas acusadas se encuentran aún fugitivas, informó el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.
Aunque las personas que Primer Informe conoció están en proceso de cooperación con las autoridades no forman parte de la lista de fugitivos, no está descartado que algunos de los evadidos de Venezuela se encuentren en territorio norteamericano.
Entre los operadores considerados fugitivos por la fiscalía de Venezuela se encuentran los operadores internacionales Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez, Juan Carlos Chávez Calva, Rodrigo Guerena Bobadilla y Jorge Germán Bonelli, todos ellos con órdenes de captura internacional.
Saab señaló que un total de 43 personas, entre funcionarios y empresarios, han sido detenidas hasta la fecha. Según las investigaciones, estas personas estaban involucradas en la asignación irregular de cargamentos de crudo a la Sunacrip y a particulares, eludiendo los controles administrativos y contraviniendo las normativas de contratación establecidas.
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