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Los lujosos apartamentos en París y San Bartolomé que esconden dinero de latinoamericanos corruptos


Por OCCRP | ARMANDO.INFO | Le Monde | Ojo Público | BIRD

Las propiedades inmobiliarias de lujo en el mercado francés han atraído durante mucho tiempo fondos ilícitos de todo el mundo. Un proyecto multinacional con bases de datos permitió rastrear en París y la isla caribeña de San Bartolomé inmuebles millonarios a nombre de la familia política del cuestionado diputado y exministro Haiman El Troudi, y del operador financiero Luis Oberto, respectivamente, como muestras de ese propósito de blanqueo de capitales con ‘savoir faire’.

En el interior de una vivienda en el segundo piso de una ornamentada propiedad parisina, cerca del Arco del Triunfo, un elegante vestíbulo conduce a un patio lleno de plantas. El nombre junto al timbre dice "Zacarías", pero cuando los periodistas tocan a la puerta, nadie responde. El apartamento parece vacío. Algunos vecinos dicen que no conocen a la familia; otros dicen que no la han visto desde la pandemia de Covid-19.

El apartamento fue comprado en 2016 por una empresa creada por la familia de Haiman El Troudi, actual diputado en la Asamblea Nacional oficialista, exministro del gabinete venezolano durante los gobiernos de Hugo Chávez y exjefe del think tank ideológico del chavismo, el Centro Internacional Francisco de Miranda.

Otro comprador de inmuebles de alto costo en jurisdicción francesa es Luis Alfonso, uno de los hermanos Oberto Anselmi, operadores financieros asociados a Pdvsa durante la época más febril del negocio del arbitraje en el mercado cambiario.

Un expresidente peruano sospechoso de aceptar sobornos y el hijo de un exministro brasileño investigado por la operación Lava Jato, un escándalo de corrupción y blanqueo de dinero en Brasil que reveló el desvío de miles de millones de dólares de fondos estatales en negocios corruptos, también figuran entre las personas de América Latina vinculadas a la corrupción o a actividades delictivas que han invertido dinero en el sector inmobiliario francés, según comprobó una investigación en la que participó Armando.info junto con varios aliados periodísticos de la región y el Proyecto de Reportería sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés).

La información publicada al respecto por el gobierno francés en diferentes series de datos fue descargada y procesada para facilitar su búsqueda y conectar los puntos entre las propiedades y las personas que están detrás de las empresas que las poseen. Para facilitar la búsqueda de información en el registro, la Oficina de Información y Datos de Investigación (BIRD), centro miembro de Occrp, construyó una base de datos que incluye información sobre los beneficiarios efectivos, los directores y las propiedades inmobiliarias de las empresas francesas, así como datos geocodificados sobre las parcelas.

La abundancia de propiedades de lujo en Francia, especialmente en París y la Costa Azul, convierten esa nación en un destino atractivo para el dinero negro. Aunque el país cuenta con registros de la propiedad relativamente abiertos, los activistas de la lucha contra la corrupción afirman que la laxitud en la aplicación de la ley y las lagunas jurídicas siguen haciendo posible utilizar la compra de inmuebles en Francia para blanquear dinero y ocultar fondos ilícitos.

William Bourdon, abogado francés y activista de la lucha contra la corrupción, afirma que el prestigio de lugares como París, la isla caribeña de San Bartolomé (o Saint Barth) y Èze, en la Costa Azul, puede favorecer el blanqueo internacional de capitales. "El resultado es un mercado inmobiliario especialmente atractivo, que permite blanquear sumas importantes", afirmó.

En total, los reporteros encontraron más de una docena de propiedades francesas vinculadas a presuntos blanqueadores de dinero, políticos acusados de corrupción y a sus familiares, procedentes de diversos países latinoamericanos.


Cifras tomadas de un reporte de Transparencia Internacional Francia y el Anti-Corruption Data Collective. Crédito: Edin Pasovic / OCCRP

Los hallazgos ponen de relieve la importancia de los registros de titularidad real, o registros de quién posee qué. Los datos de estos registros constituyen una parte crucial de la base de datos, pero en algunos países son más difíciles de obtener después de que el Tribunal Supremo de la Unión Europea anulara el año pasado las normas que obligaban a los Estados miembros a mantener dicha información disponible para consulta pública.

Ocho Estados miembros cerraron inmediatamente sus registros al público en general tras la decisión. Francia restringió inicialmente el acceso a su registro, pero luego anunció que lo mantendría abierto "a la espera de la adopción de un nuevo marco jurídico a nivel de la UE."

En Francia, muchos ricos compran propiedades a través de una entidad jurídica conocida como "société civile immobilière", o SCI, que significa "sociedad civil inmobiliaria". Las SCI se suelen utilizar con fines fiscales y no son necesariamente indicio de delito. Pero también pueden utilizarse para "crear opacidad y facilitar el blanqueo de dinero", explicó a Occrp Sara Brimbeuf, de la sección francesa de Transparencia Internacional.

Las acciones de esas SCI también pueden transferirse entre los propietarios existentes sin hacer público el cambio o implicar a un notario o abogado,  quienes podrían advertir los riesgos de blanqueo de capitales. De este modo, las transferencias que equivalen a cambios en la titularidad de una propiedad pueden camuflarse como una simple reorganización de acciones, que no requiere divulgación pública.

Los datos analizados por Transparencia Internacional y el Colectivo de Datos Anticorrupción mostraron que más de un tercio de las SCI no revelaban en absoluto el titular real, a pesar de que es ilegal. "Esto significa que, a pesar de las normas de revelación de la titularidad real, las SCI siguen siendo opacas, lo que permite a actores potencialmente turbios poseer propiedades en Francia de forma anónima", escribieron en un nuevo informe publicado junto con esta investigación.

"Sabemos desde hace mucho tiempo que los bienes inmuebles de lujo franceses son muy codiciados por los delincuentes y los corruptos que buscan ocultar y limpiar sus ganancias mal habidas. Las medidas de transparencia de los últimos años deberían haber cambiado las reglas del juego, pero nos queda un largo camino por recorrer para garantizar que estas herramientas alcancen todo su potencial”, afirmó en un comunicado Maíra Martini, experta en investigación y políticas sobre flujos de dinero corrupto de Transparencia Internacional.

Estas son algunas de las principales hallazgos de la investigación periodística:

Venezuela: Los apartamentos millonarios de la suegra de El Troudi

Entre los hallazgos más relevantes destaca que la familia política de Haiman El Troudi, exministro de Transporte de Venezuela y expresidente del Metro de Caracas, posee al menos tres apartamentos en ubicaciones caras de París. un apartamento de dos millones de euros en París.

El primer apartamento, situado en la exclusiva zona de la Rue du Faubourg Saint-Honoré de París, y con valor de dos millones de euros, aparece a nombre de una empresa registrada en París en 2016, de nombre Saint Mathis 238, que luego fue rebautizada como SCI Republic. Los propietarios de la empresa son la suegra y el yerno de El Troudi, Elita del Valle Zacarías y Pedro Donaciano Baptista Díaz, respectivamente. Ambos hicieron la compra con la ayuda de un paisano, el empresario venezolano Domingo Amaro Rangel, quien tenía una opción de compraventa sobre el inmueble parisino a través de una “cláusula de sustitución” que cedió a la suegra de El Troudi. Amaro es presidente y fundador en Venezuela de Seguros Altamira.

El uso de tales cláusulas de sustitución "debería constituir un importante criterio de alerta para los profesionales", advirtió el Consejo de Orientación de la Lucha contra el Blanqueo (Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment, COLB, por su siglas en francés) en su último análisis nacional de riesgos. Sobre todo porque limita el tiempo de que dispone el notario para informarse sobre el perfil y el origen de los fondos del comprador, como exige la ley. Contactado, el notario encargado de la transacción declinó responder, alegando "secreto profesional".

Amaro Rangel respondió un breve cuestionario enviado por Armando.info y Occrp. Asegura que Zacarías buscaba con urgencia un lugar para ubicar en Paris a un familiar que recibiría atención médica en la capital francesa e hizo la cesión de la compra para ayudarla. “Al efecto, la señora Elita Zacarías me hizo saber, que su petición surgía, pues ella no era experta en el tema, además era extranjera en Francia y consideraba que le tomaría mucho tiempo resolver. Que por eso, venía este inmueble como la opción más expedita de acceder a una vivienda adecuada (...) Ante el delicado problema que enfrentaban, decidí cederle esa opción de compraventa, como gesto de solidaridad”.

Los periodistas intentaron ponerse en contacto con El Troudi por mensaje de texto y dejaron cartas en las direcciones de su familia que figuran en documentos franceses, pero no obtuvieron respuesta.

Los reporteros también pudieron vincular a la esposa de El Troudi y a su hijo con otros dos apartamentos de París, uno en el mismo edificio del anterior y otro en la misma calle, adquiridos mucho antes. Los documentos del registro francés muestran que una empresa llamada Santa Elena Estates Inc. compró uno de estos apartamentos por 2,3 millones de euros y el otro por 1,2 millones de euros, en julio de 2012.

Los documentos de la filtración de los llamados Pandora Papers muestran que Santa Elena Estates Inc, se constituyó en San Cristóbal y Nieves, un paraíso fiscal del Caribe, el 24 de abril de 2012, y que los directores de la empresa eran Elita Del Valle Zacarías Díaz y Pedro Donaciano Baptista Zacarías.

Amaro Rangel señaló desconocer que Zacarías tenía estas propiedades al momento de cederle la opción de compraventa y precisó que ella nunca le habló ni de esos inmuebles (aunque uno queda en la misma calle que el apartamento cuya opción de compra le otorgó) ni de la empresa a través de la que los compró.

Poco después de la compra de estos primeros dos apartamentos, decenas de millones de dólares en presuntos sobornos de la constructora brasileña en el centro del escándalo Lava Jato fluyeron a múltiples cuentas bancarias en las que la esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías, y su suegra, Elita del Valle Zacarías Díaz, fueron beneficiarias.


La propiedad 238 Rue du Faubourg Saint Honoré, de 2 millones de euros, compradas a través de una SCI por la suegra y el yerno de Haiman El Troudi en 2016. Crédito: Audrey Travere


La propiedad 238 Rue du Faubourg Saint Honoré, de 2 millones de euros, compradas a través de una SCI por la suegra y el yerno de Haiman El Troudi en 2016. Crédito: Audrey Travere


La propiedad 238 Rue du Faubourg Saint Honoré, de 2 millones de euros, compradas a través de una SCI por la suegra y el yerno de Haiman El Troudi en 2016. Crédito: Audrey Travere


En 2021, investigaciones de Miami Herald y Armando.info reseñaron que los investigadores portugueses creían que la esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías, controlaba una empresa offshore registrada en Panamá, Cresswell Overseas S.A., que había recibido más de 90 millones de dólares en supuestos sobornos de Odebrecht.

Los sobornos fueron supuestamente pagados por Odebrecht por contratos de construcción del Metro de Caracas, que El Troudi supervisaba. El Troudi fue presidente de las compañías de los metros de Caracas y de Los Teques, así como ministro de la cartera de Transporte Terrestre y Obras Públicas.

En 2017, autoridades de la fiscalía suiza habían descubierto por separado que la esposa de El Troudi y su madre eran beneficiarias, propietarias o estaban autorizadas a firmar en ocho cuentas bancarias en el país, que en conjunto tenían 42 millones de euros, según un informe de 2018 de Armando.info. Las cuentas supuestamente recibieron pagos de empresas vinculadas a Odebrecht involucradas también en Lava Jato, según cita el informe de documentos de investigación suizos.

Las autoridades suizas comunicaron a sus homólogos venezolanos un hallazgo especial: la vinculación de los pagos a estas cuentas con las obras del Metro de Caracas. En julio de 2017, la fiscalía venezolana, todavía a cargo de Luisa Ortega Díaz -que se exilió semanas más tarde-, declaró públicamente que citaría a las dos mujeres por su presunta implicación en la trama de sobornos, pero aquello no pasó de un susto para la familia de El Troudi. En 2018, el juez venezolano Luis Argenis Marcano Sarabia absolvió a la esposa y a la suegra del exministro de cualquier acusación en el caso. El fiscal asignado al caso dijo que se vio obligado a exiliarse ese mismo año.


La entrada del edificio donde los familiares de El Troudi poseen un apartamento. Crédito: Atanas Tchobanov/Bird.bg

Terrenos VIP para los Oberto

Los registros muestran que Luis Oberto Anselmi, un empresario venezolano supuestamente investigado por blanqueo de dinero, ha comprado múltiples terrenos y una villa en la isla francesa de San Bartolomé, un reducto de lujo y exclusividad en el arco de las Antillas menores.

Una de sus empresas, Bucefalus, se creó en 2012. Desde finales de ese año hasta principios de 2013, compró un terreno y dos propiedades conectadas –una casa principal y una unidad más pequeña– en San Bartolomé por un total de 19,9 millones de euros.

Otra sociedad, Ganesha, que Oberto posee con su esposa, se fundó en 2008 para adquirir una villa de tres dormitorios en San Bartolomé por 2,24 millones de euros. En 2013, cambió esta propiedad, y puso 9 millones de euros adicionales, por otra junto a la playa valorada en 11,4 millones de euros. Esta propiedad cuenta con piscina, jardín y terraza cubierta.

Los registros vistos por los periodistas muestran que, 10 años después, entre febrero y marzo de 2022, las propiedades de Ganesha y Bucefalus en San Bartolomé fueron incautadas por las autoridades francesas como parte de una investigación en curso sobre blanqueo de capitales dirigida por la fiscalía de París. Los Oberto incluso intentaron vender los terrenos después de incautados, pero sin éxito.

La investigación por blanqueo se inició después de que el servicio de inteligencia financiera de Francia, Tracfin, detectara transferencias bancarias sospechosas. Específicamente, el dinero que fluía de cuentas bancarias abiertas en el banco CBH de Suiza correspondientes a las sociedades offshore de los Oberto, Violet Advisors SA  registrada en Panamá, y Welka Holdings Limited, registrada en San Vicente y las Granadinas, utilizadas para financiar los bienes inmuebles en San Bartolomé. Ambas empresas, lideradas por Luis Oberto y su hermano, Andrés Ignacio, están directamente conectadas con un escandaloso caso de corrupción en la estatal Pdvsa.

Según un informe de 2019 del Miami Herald, los Oberto han sido investigados por blanqueo de dinero en Estados Unidos. Fuentes familiarizadas con la investigación citadas por ese diario afirmaban que los hermanos eran sospechosos de utilizar empresas fantasma para conceder préstamos falsos a la petrolera estatal venezolana, Pdvsa. Documentos vistos también por Armando.info señalan que en una investigación de la Fiscalía española estas empresas eran, precisamente, Violet Advisors y Welka Holdings Limited. A través de este esquema, los dos presuntamente se apropiaron indebidamente de 4.500 millones de dólares, fondos cuya mayor parte se canalizó a través de cuentas suizas.

La situación actual del caso no está clara. Una búsqueda en los registros de los tribunales estadounidenses no arrojó ningún resultado, y no parece que se hayan presentado cargos contra los hermanos, aunque estos intentaron en 2020, sin éxito, recuperar la propiedad de un yate que habían comprado también a través de Violet Advisors. Los abogados de los hermanos Oberto no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Isla de San Bartolomé, donde los hermanos Oberto registraron su empresa y adquirieron propiedades. Crédito: Marcel Mochet / AFP

Brasil: El hijo del ex ministro y su refugio parisino

Los reporteros descubrieron que Márcio Lobão, hijo de un ex senador brasileño, poseía un apartamento de 110 metros cuadrados en el corazón de París. 

Las autoridades brasileñas presentaron en 2019 cargos por blanqueo de capitales y corrupción contra Márcio Lobão y por corrupción contra su padre, Edison Lobão, por haber recibido supuestamente unos 50 millones de reales (12 millones de dólares) de Odebrecht y de la empresa de gestión de residuos Estre Group en relación con el escándalo Lava Jato.

Márcio fue detenido brevemente, pero su padre no fue arrestado. Los dos están siendo juzgados en el Tribunal Federal del Distrito Federal. 

Posteriormente, en 2021, se emitió otra orden de detención contra Lobão y su hermano, Edison Filho, acusados de haber utilizado bienes inmuebles para blanquear fondos ilícitos recibidos por Márcio y su padre. No se presentaron cargos contra Filho y la situación actual del caso no está clara.  

La propiedad parisina, situada cerca de una tienda Gucci en el acaudalado sexto distrito, fue adquirida por 1,4 millones de euros en octubre de 2008 a través de su empresa SCI Guignard, en la que también eran socios sus hijos y su esposa. El edificio, de estilo clásico Haussmann parisino, cuenta con un patio interior.


Cuando los periodistas visitaron la propiedad en abril de 2023, encontraron un timbre con la inscripción "Guignard", pero nadie respondió cuando llamaron. Un vecino confirmó que a veces Márcio podía ser visto en el apartamento y recordó que la última vez fue en febrero pasado. La propiedad no fue mencionada en documentos judiciales del caso Lava Jato consultados por los periodistas, aunque la decisión judicial que autorizó la detención de Lobão muestra que hizo depósitos en cuentas bancarias que tenía en Francia.

El abogado de Lobão afirmó que su cliente había declarado correctamente todos sus bienes. También subrayó que Lobão no había sido declarado culpable de ninguna de las acusaciones en el escándalo Lava Jato y sostuvo que la cifra de 50 millones de reales declarada por el fiscal era "incorrecta".

"Es importante señalar que la Fiscalía General no ha conseguido probar ninguna de sus acusaciones hasta ahora", dijo.

PERÚ: La venta silenciosa del apartamento de un expresidente

Tras un mandato como presidente de Perú en la década de 1980, el socialdemócrata Alan García huyó del país en 1992 para escapar del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Llegó primero a Colombia, donde se le concedió asilo, y más tarde comenzó a viajar a Francia. Los medios de comunicación de la época sugieren que vivió entre ambos países hasta 2001.

En noviembre de 1997, García y su esposa compraron un apartamento de cuatro dormitorios en el lujoso XVI Distrito de París, junto con un sótano y un pequeño dormitorio independiente en la séptima planta del mismo edificio, por unos 2,5 millones de francos, valorados en unos 430.000 dólares de la época. La propiedad está situada en una tranquila calle lateral, cerca de la avenida Henri-Martin.

Para la fecha, García y su entonces esposa crearon una empresa llamada SCI FIDES, dividieron sus acciones a partes iguales y las donaron a sus cuatro hijos, todos -a excepción de uno- menores de edad en aquel momento.

Rue de la Faisanderie, donde el ex presidente de Perú Alan García y su mujer poseían un apartamento y una bodega. Crédito: Atanas Tchobanov/Bird.bg

El Congreso de Perú, por su parte, comenzó a investigar a García por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito durante su mandato. El delito prescribió en 2001, y García regresó a Perú ese año y se presentó de nuevo a las elecciones presidenciales.

Mientras García hacía campaña, un congresista llamado Fernando Olivera presentó una denuncia ante el fiscal general de Perú sobre la compra del apartamento de París por parte de García, según informan los medios de comunicación de la época.

García no ganó ese año, pero recuperó la Presidencia cinco años después. En las declaraciones de la renta o de bienes que presentó en su momento sólo figuraban tres propiedades en Lima. En 2001, el último año de su segundo mandato, 2011, García dijo entonces en una declaración jurada que no tenía bienes muebles ni inmuebles en el país ni en el extranjero.

En octubre de 2013, el apartamento de García en París fue vendido, junto con otras propiedades, por unos 1,4 millones de euros. En ese momento, el Congreso de Perú y su Ministerio Público habían vuelto a investigar a García por presunto enriquecimiento ilícito en relación con sus compras de propiedades en Lima.

Después de dejar la presidencia, García también se vio envuelto en la investigación brasileña de lavado de dinero y corrupción Lava Jato. En abril de 2019, se emitió una orden de arresto preliminar de 10 días contra él mientras los fiscales preparaban acusaciones de que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Se suicidó justo cuando estaba a punto de ser detenido.

Durante su estancia en Francia, García fundó allí tres empresas y tenía al menos seis cuentas bancarias en el país, según muestran documentos vistos por el medio peruano OjoPúblico. Su exmujer también abrió una cuenta en Francia en 1995, aunque García había negado ante el Congreso que tuviera cuentas en el extranjero. Los reporteros intentaron ponerse en contacto con la esposa de García a través del abogado de la familia, pero no recibieron respuesta.


Cubrieron esta historia: Eduardo Goulart (OCCRP), Angus Peacock (OCCRP), Romina Colman (OCCRP), Sana Sbouai (OCCRP), Daniela Castro (OCCRP), Gianfranco Huamán (Ojo Público), Alexander Lavilla (Ojo Público), Nelly Luna Amancio (Ojo Público), Valentina Lares (Armando.info), Abdelhak El Idrissi (Le Monde), Atanas Tchobanov (BIRD), Aldo Benitez (ABC Color) y Audrey Travère



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