Rocío del Valle Maneiro González, actual embajadora de Venezuela en el Reino Unido, se benefició de una trama corrupta que desvió 2.000 millones de dólares de la principal empresa pública del país latinoamericano, Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa). Según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), al que ha tenido acceso EL PAÍS, la diplomática firmó en 2012 un contrato para prestar supuestos servicios de asesoría a una sociedad panameña controlada por uno de los cabecillas de la organización, el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello.
Un contrato ambiguo e impreciso
La sociedad panameña en cuestión se llamaba High Advisory and Consulting S. A. y estaba vinculada a Rodríguez Cabello, considerado el presunto testaferro de la red que cobró sobornos a empresas extranjeras, principalmente chinas, a cambio de adjudicarles contratos millonarios de la petrolera venezolana. La trama operó entre 2007 y 2012 y está formada por más de una treintena de exfuncionarios chavistas y exviceministros de Energía, entre los que destacan Nervis Villalobos y Javier Alvarado, hombres fuertes del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), según un reporte de EL PAÍS.
El contrato que suscribió Del Valle Maneiro con High Advisory and Consulting S. A. tenía una duración de dos años y un importe máximo de 15 millones de dólares (14,06 millones de euros). La diplomática representaba a otra sociedad panameña, Valden Overseas S. A., en la que su hijo Juan Páez Maneiro tenía el 100% del capital en 2013. Sin embargo, los investigadores de la Uifand ponen en duda la veracidad de los trabajos de asesoría que supuestamente realizó la embajadora para la red corrupta. En su informe, fechado en noviembre de 2022, califican el contrato de "ambiguo e impreciso" y señalan que "no especifica las modalidades y condiciones" de los servicios prestados.
Siete facturas en dos días
Los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan que Valden Overseas S. A., la sociedad panameña en la que Del Valle Maneiro tenía plenos poderes, emitió siete facturas en dos días de mayo de 2012 por un total de nueve millones de dólares (8,4 millones de euros) a High Advisory and Consulting S. A., la firma del testaferro Rodríguez Cabello. El concepto que aparece en las facturas es "pago de servicios de asesoría de administración de negocios en China". En ese momento, la diplomática era la máxima responsable de la legación venezolana en el gigante asiático, cargo que ocupó entre 2004 y 2013.
Los investigadores andorranos relacionan los cobros de Del Valle Maneiro con el denominado Gran Volumen, un acuerdo de 20.000 millones de dólares (18.597 millones de euros) firmado en 2010 entre Venezuela y China que permitió a empresas chinas obtener contratos del país latinoamericano. La red corrupta aprovechó esta iniciativa para exigir comisiones de hasta el 10% a los empresarios que aspiraban a las adjudicaciones.
Cuentas opacas en Andorra
La embajadora no fue la única funcionaria venezolana a sueldo de la trama que saqueó PDVSA. Ramón Elías Morales Rossi, exsecretario de seguridad ciudadana de Caracas, cobró entre 2014 y 2015 un total de 1,6 millones de dólares por supuestos servicios de consultoría a través de una sociedad instrumental llamada Laurentis Group Inc. El contrato lo firmó con High Advisory and Consulting S. A., la misma firma del testaferro Rodríguez Cabello con la que pactó Del Valle Maneiro.
Tanto la diplomática como el ex alto funcionario caraqueño ocultaron su botín en la Banca Privada d'Andorra (BPA), una entidad intervenida en 2015 por las autoridades del país pirenaico por el supuesto lavado de capitales de grupos criminales. Del Valle Maneiro manejó cuatro cuentas con cuatro millones de dólares (3,7 millones de euros) y recurrió a una constelación de firmas panameñas creadas ad hoc por el banco para enmascarar el rastro de los fondos. En 2013, transfirió 1,7 millones a sendas cuentas en Suiza y Miami a nombre de uno de sus hijos, según los investigadores. Morales Rossi, por su parte, ingresó 1,6 millones en concepto de "salario" y "bonificaciones de productividad".
La Uifand sostiene que no hay pruebas que acrediten la existencia de los trabajos de asesoría que justificaron los ingresos de la embajadora y el exsecretario de seguridad ciudadana. Ambos están procesados en Andorra por blanqueo de capitales en establecimiento bancario.
La defensa de la diplomática
Del Valle Maneiro siempre ha defendido la legalidad de su actuación. Cuando declaró como imputada ante un juzgado de Andorra, en septiembre de 2018, alegó que el dinero que ingresó en BPA procedió de una venta realizada en 2011 de unos derechos de herencia de un terreno de 19.000 hectáreas que su familia tenía en el Estado venezolano de Sucre. Dijo que cobró cinco millones tras la transacción y que el "comprador" fue Diego Salazar, miembro de la red y primo del exministro chavista de Energía, expresidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez.
"Nunca he estado en una sociedad ni en una empresa de ningún tipo. Esto choca con las funciones que he tenido toda mi vida, de 38 años de servicio. Soy funcionaria de carrera, tengo una licenciatura, un máster y un doctorado […]. Nunca he actuado como intermediaria o auxiliadora, ni como nada de Diego Salazar, en ninguna empresa ni Gobierno… He cometido el pecado de ser amiga de toda la vida de la familia de Diego y de haberle vendido mis derechos sucesorios", defendió hace cinco años la diplomática ante la instructora.
También reconoció que conocía a Rodríguez Cabello y que este "formaba parte del equipo de Diego", quien se hizo con 154 millones en contratos de empresas chinas.
El abogado de la diplomática en Andorra, Jordi Segura, niega el origen irregular de los fondos que Del Valle Maneiro depositó en la BPA.
La embajadora de Venezuela en Londres defiende su inocencia
La diplomática Rocío del Valle Maneiro, que representa a Venezuela en el Reino Unido, ha negado cualquier vínculo con la trama que desfalcó a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y que ocultó parte de los fondos en Andorra. Su abogado en el principado pirenaico, Jordi Segura, ha asegurado que su clienta ha acreditado documentalmente el origen de los cuatro millones de euros que depositó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y que nada tienen que ver con el presunto latrocinio.
Según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), del pasado mes de noviembre, Del Valle Maneiro firmó un contrato con la red de saqueadores cuando era embajadora de Venezuela en China, que le permitía cobrar hasta 15 millones de euros por sus servicios. Sin embargo, Segura ha restado importancia a este documento y ha afirmado que se trata solo de una declaración de sospecha, no de un acto jurisdiccional. “Lo que importa es lo que dice el batlle (juez), no lo que dice la Uifand”, ha declarado el letrado.
Una investigación judicial en curso
Del Valle Maneiro está investigada judicialmente en Andorra por su relación con la BPA, una entidad intervenida en 2015 por blanqueo de capitales. La diplomática declaró como investigada en septiembre de 2018 ante un juzgado andorrano, pero desde entonces no ha cambiado su estatus procesal ni ha sido requerida para ninguna otra diligencia. Segura ha afirmado que su clienta respondió con precisión y claridad a todas las preguntas y que no está procesada en la denominada causa Venezuela, que indaga el saqueo de 2.000 millones de euros de PDVSA entre 2007 y 2012.
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