La promotora inmobiliaria Urbas, que cotiza en el Mercado Continuo, se enfrenta a la pérdida de 51 apartamentos turísticos y 60 garajes en la urbanización Puerto Rey, en la región española de Vera (Almería). Estos activos han salido a subasta pública como consecuencia de un embargo por parte del fondo Voyager Investing UK Limited Partnership, que le reclama el pago de casi 8,4 millones de euros por una deuda hipotecaria que adquirió del Banco Sabadell.
Valor y plazo de la subasta
El valor de subasta de los inmuebles asciende hasta los 12,4 millones de euros, al incluir el principal más los intereses y las costas. Los interesados, que podrán pujar hasta el 9 de octubre, podrán adquirir garajes que tienen un precio que va desde los 7.466,71 euros y hasta los 11.150,76 euros, mientras que los pisos alcanzan un precio máximo de 270.845,59 euros y uno mínimo de 196.851,59 euros. El activo más caro se trata de un apartamento que goza de una superficie construida de 79,81 metros cuadrados y que tiene, además, una terraza de 15,63 metros cuadrados y un patio de 6,54 metros.
Otros embargos y subastas en la zona
Urbas no es la única empresa que ha sufrido embargos y subastas en la zona. A mediados de año, y sin éxito, se celebró la subasta de otro conjunto de apartamentos turísticos a poca distancia de los mismos. Se trataba del edificio A número 163 del Módulo 4A, mientras que los pisos anteriores son del Módulo 2A. De hecho, era un hotel edificado sobre una superficie de casi 4.000 metros cuadrados y que fue embargado a dos filiales de Balconcillo Inversiones SL, la antigua Guadahermosa, tras reclamarle Ibercaja 4,3 millones de euros. En aquella ocasión, quedó desierta la subasta del inmueble valorado en más de nueve millones, que cuenta con seis plantas y que alberga 75 habitaciones, 73 plazas de aparcamiento, diversas zonas comunes e incluso, en la parte superior, un solarium de uso privativo para los clientes de la cuarta planta.
Situación financiera y plan estratégico de Urbas
La situación financiera de Urbas ha tenido un impacto negativo en el parqué. Solo durante este año, su precio de cotización se ha desplomado en torno a un 50%, hasta los 0,005 euros por acción, lo que en el argot financiero se conoce como un chicharro y que hace que solo capitalice en torno a 71,5 millones de euros. Todo ello, pese a que la promotora presidida por Juan Antonio Acedo ha presentado un plan estratégico ambicioso que abarca hasta 2028, con el que prevé alcanzar unas ventas de 1.500 millones y sumar un beneficio operativo (ebitda) de casi 250 millones gracias a su estrategia de expansión, internacionalización y diversificación seguida su consejo de administración.
Cifras que harían que Urbas lograra un salto cualitativo, ya que saldó el pasado ejercicio con un beneficio neto de 16,6 millones, frente a los 60 millones de euros de ganancias de 2021, un año que estuvo condicionado por ingresos extraordinarios de 75 millones de euros derivados del proceso de reestructuración y de la toma de control de distintas compañías que compró. No obstante, logró una facturación récord de 305 millones en 2022, un 50% más, por la "mejora de la eficiencia operativa y financiera generada por las sinergias de las nuevas adquisiciones, la optimización de costes y la ampliación del perímetro de negocio", como señaló la propia compañía en su información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Posible acuerdo con el fondo ejecutante
Desde Urbas, señalan a El Confidencial que lo más probable es que no haya interesados en la subasta por el precio de los activos y el derecho de tanteo de su ejecutante, el fondo Voyager. "Se trata de una ejecución pactada con el fondo británico que permitirá a la promotora cancelar la totalidad de la deuda, puesto que son activos valorados sobre los cinco millones que permitirán cancelar deuda por unos 12,4 millones (ocho millones de principal más intereses)".
Los inmuebles, que gozan del régimen de apartamentos turísticos, estaban gravados con hipotecas a favor de Caja de Ahorros del Mediterráneo, que sería absorbida por Banco Sabadell, y que se encontraban subsistente y sin cancelar. De ahí que se trate de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Además, sobre algunas de las fincas también pesaban anotaciones preventivas de embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por afecciones al pago de determinados impuestos.
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