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Torrescamara, la constructora española que no cumple: las denuncias en Colombia de la comunidad de Ciudadela Sucre ante el abandono de obra de acueducto y alcantarillado


Los habitantes de Ciudadela Sucre, en la Comuna 4 de Soacha, llevan años esperando que se solucionen sus problemas de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, la obra que se inició en 2020 para mejorar estos servicios básicos ha tenido graves retrasos y deficiencias, lo que ha generado contaminación ambiental y riesgos para la salud pública. La firma encargada de la construcción es Torrescamara, una empresa española que ha estado involucrada en otros proyectos polémicos en Colombia, como el Regiotram y el puente de la calle 127 con avenida Boyacá.

Un contrato con demoras y quejas

La obra de redes de acueducto y alcantarillado de Ciudadela Sucre fue adjudicada en 2019 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) al consorcio integrado por Torrescamara (45 %), Ingeaguas (30 %) y Depuración de Aguas (25 %), por un valor de $56.400 millones. El plazo inicial de ejecución era de 36 meses, pero se prorrogó hasta marzo de 2023. Sin embargo, según documentos conocidos por El Espectador, la obra presenta serias dificultades y riesgos de incumplimiento, pues el contratista no ha avanzado al ritmo esperado y ha suspendido sus labores en varias ocasiones.

La EAAB y la empresa interventora de la obra han hecho reparos sobre la baja ejecución de la obra y la ejecución de los recursos, así como sobre la calidad de los materiales y la mano de obra empleados. Por su parte, la junta de acción comunal de la zona ha denunciado que las obras son deplorables y que las aguas residuales que salen de las casas y de las vías están contaminando el ambiente y generando problemas de salud para los habitantes del barrio. La comunidad de Ciudadela Sucre, que ha sufrido los peores horrores de la guerra colombiana, como el desplazamiento forzado y los falsos positivos, se siente abandonada por las autoridades y el contratista.

Las excusas de la firma española

El Espectador se contactó con Torrescamara, pero al momento de la publicación de este artículo no se pronunció. No obstante, el diario conoció un documento en el que el consorcio, representado por Juan Pastor Ruiz, ciudadano español que a su vez es la cabeza de Torrescamara en Colombia, comunicó a la EAAB por qué suspendían sus labores en Cazucá. El consorcio dice que es injusto, desproporcionado e ilegal que sigan con el desarrollo de las obras, pues la EAAB no ha definido los aspectos técnicos y los precios no previstos pendientes de aprobar e incorporar al contrato, lo que podría generar daño fiscal y responsabilidad del mismo tipo.

Según el consorcio, hubo una indebida planeación de la obra que terminó generando los atrasos. Además, alega que la EAAB debe asegurar sus derechos, los cuales están seriamente afectados con el incumplimiento de las obligaciones de la empresa de alcantarillado y de definir con claridad la totalidad de las condiciones técnicas de ejecución de la obra. Asimismo, se queja de las condiciones de inseguridad que se presentan en los lugares de ejecución de la misma. De esta situación tampoco queda claro por qué la EAAB le prorrogó el contrato al consorcio, teniendo en cuenta los frecuentes atrasos y quejas de la comunidad. El Espectador también se contactó con ellos, pero tampoco hubo respuesta.

Otros líos de Torrescamara en Colombia

Torrescamara es una empresa creada en 1986 que tiene presencia en países como Arabia Saudí, Suecia, Uruguay, Paraguay y Perú. En Colombia, la firma española ya participó en proyectos como la renovación de la línea ferroviaria del Cerrejón e intentó quedarse con el Regiotram, el proyecto conocido como el tren de cercanías de la sabana de Bogotá, que finalmente fue adjudicado por la Gobernación de Cundinamarca a un consorcio chino por US$800 millones. Fue por este megaproyecto que el nombre de Torrescamara se hizo conocido, pues en 2021 la excandidata presidencial conservadora Noemí Sanín hizo una grave acusación en su contra.

La política señaló en ese momento que la firma no se hizo cargo de sus honorarios luego de fungir seis años como lobista de Torrescamara ante varios altos funcionarios públicos, entre ellos el entonces gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey; el vicepresidente Germán Vargas Lleras; el director de Planeación, Simón Gaviria; el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y Luis Fernando Andrade, director de la ANI. El lío terminó ante los estrados judiciales, en donde Juan Pastor Ruiz, cabeza de la firma española y el consorcio, aceptó que Sanín los acompañó en varias reuniones, pero negó tener cualquier compromiso económico con ella.

Otra obra que sí quedó en manos de Torrescamara fue el puente de la calle 127 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá, proyecto que pretende descongestionar el tráfico en esta zona clave de la ciudad. Sin embargo, la compañía española se enfrentó con la alcaldía de Enrique Peñalosa en un pleito arbitral porque, según la constructora europea, el Distrito entregó tarde los planos de detalle y otros documentos claves, generando graves retrasos en la obra. Jorge Pino Ricci, abogado de Torrescamara en este caso, señaló que su cliente perdió el pleito arbitral, pero que interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado para que se revise la decisión tomada en el laudo arbitral. La acción judicial ya fue admitida y el alto tribunal estudiará a fondo su contenido.



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