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Reaparición de colectivos en Caracas rememora el caso Odreman y trae a colación las arbitrariedades en Chacao del secretario de seguridad ciudadana Luis Gonzalo Fernández 


Por Lola Solís

Un hecho violento sacudió la noche del domingo 4 de febrero a la capital venezolana, cuando un grupo de civiles armados, pertenecientes al colectivo "De Cara Al Río", irrumpió en las cercanías de la redoma de Petare y atacó la sede de la Policía Municipal de Sucre. El motivo de la acción fue exigir la puesta en libertad de varios de sus integrantes, que habían sido arrestados horas antes por robar material de una mueblería en Mariches.

Los atacantes, vestidos de negro y algunos con el rostro cubierto, obligaron a los conductores a bloquear el paso con unos autobuses y a los trabajadores del aseo urbano a descargar la basura frente al módulo de PoliSucre de Petare. Además, quemaron cauchos y lanzaron consignas contra la policía municipal.


En un video difundido en las redes sociales, uno de los cabecillas del colectivo, conocido como "Obatalá", declaró: «Estamos aquí los movimientos sociales del municipio Sucre, Corredor de Seguridad De Cara Al Río. Estamos denunciando a la Policía del Municipio Sucre (…) Hoy 4 de febrero los mismos nos atacan y tienen aproximadamente 20 hombres de nosotros detenidos entre El Coliseo y PoliMiranda».

Mediación e investigación

Después de varias horas de tensión, los hombres armados se retiraron del lugar, tras lograr una mediación que permitió la liberación de los detenidos. Sin embargo, el periodista Román Camacho, especializado en sucesos, informó que el grupo armado "De Cara al Río" y sus miembros estarían siendo investigados por hechos delictivos.

Camacho detalló que los 14 integrantes del colectivo que habían sido capturados por la policía municipal habían sustraído material del galpón de una mueblería en Mariches, y que por eso se habían rebelado contra los funcionarios en forma de protesta callejera.

Recuerdan a José Odreman y a su hermano Richard Sánchez

El episodio violento del domingo recordó a muchos usuarios de las redes sociales el caso de José Odreman, quien fuera líder del Colectivo 5 de Marzo en Caracas. Odreman fue asesinado en el año 2014, en medio de un confuso enfrentamiento entre policías y civiles armados en el centro de Caracas. Antes de morir, Odreman había responsabilizado al entonces ministro de interior y justicia, Miguel Rodríguez Torres, de lo que pudiera pasarle, tras denunciar la muerte de otro miembro de su grupo. Luego del asesinato de Odreman, Rodríguez Torres fue removido de su cargo.


José Odreman

La usuaria @Sol651 comentó: "#RecordarEsVivir LECCIONES EN REVOLUCIÓN #5Feb Recordemos a José Odreman jefe del Colectivo 5 de Marzo como terminó Miguel Rodríguez Torres cuando lo enfrentó "Termino Destituido" Anoche 9 años después Obatalá jefe del Colectivo Cara al Río tomo la Redoma de Petare".

Odreman era hermano de Richard Sánchez, un exfuncionario de la policía del municipio Chacao del estado Miranda (Polichacao). Sánchez era un policía destacado y respetado, ajeno a la actividad de los colectivos en la que participaba su hermano. El exPolichacao denunció en 2014 que Odreman perdió la vida tras haber recibido más de 40 impactos de bala.


Richard Sánchez

Personas familiarizadas con el asunto recuerdan que Sánchez fue víctima de las arbitrariedades de Luis Gonzalo Fernández de Córdova, actual director de seguridad ciudadana del municipio Chacao, quien quería sacarlo de la policía porque no se sometía a sus arbitrarias órdenes. Según las fuentes, Fernández de Córdova, con el apoyo del alcalde Gustavo Duque, le fabricó un falso expediente a Sánchez por ayudar a familiares de una funcionaria fallecida. El caso llegó a los tribunales, pero Sánchez no pudo obtener justicia, y su amparo judicial fue declarado sin lugar.

Según recuerdan las fuentes, Sánchez era hermano del famoso colectivo José Odreman, pero nunca participó directa o indirectamente con colectivos. Era policía de Chacao y un excelente funcionario. Salió de la policía de Chacao luego de denunciar las irregularidades en su contra por parte del alcalde, del director de la policía y del director de seguridad ciudadana, Luis Gonzalo Fernández de Córdova.

Amparo constitucional y apelación

En el año 2020, el ciudadano Richard Alberto Sánchez Dávila interpuso un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Noveno Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional ejercida por Sánchez Dávila contra el Instituto Autónomo de Policía de Chacao.

Sánchez Dávila, oficial de la Policía de Chacao, fue objeto de un procedimiento disciplinario por presuntamente haber aceptado una donación en dinero para cubrir los gastos funerarios de una compañera fallecida. Según Sánchez Dávila, el procedimiento fue iniciado con la intención de impedir su ascenso y sin brindarle la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, vulnerando así sus derechos constitucionales.

Ante esto, Sánchez Dávila ejerció una acción de amparo para que se ordenara la suspensión del procedimiento disciplinario y se impidiera su exclusión de la lista de ascensos policiales previstos para 2020. Inicialmente un tribunal de primera instancia otorgó una medida cautelar a su favor, pero luego el Juzgado Noveno declaró sin lugar el amparo al considerar que no había pruebas de que se hubieran violado sus derechos.

En su recurso de apelación, Sánchez Dávila alega que el Instituto de Policía de Chacao no acató la medida cautelar, pues no suspendió el procedimiento ni se abstuvo de excluirlo de la lista de ascensos, solicitando sanciones por desacato.

El Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo, al resolver la apelación, consideró que la Policía de Chacao sí incluyó a Sánchez Dávila en la lista de ascensos enviada al Ministerio competente, por lo que no se violaron sus derechos. Asimismo, rechazó la solicitud de sanciones por desacato, al considerar que la Policía de Chacao cumplió la medida cautelar.

En definitiva, el Juzgado Nacional Primero confirmó la sentencia de primera instancia, manteniendo la declaratoria de sin lugar del amparo constitucional interpuesto por Sánchez Dávila. Con ese fallo, en 2020, se puso fin a la controversia legal en torno al procedimiento disciplinario y ascenso policial del recurrente.

Remolques abusivos

Luis Gonzalo Fernández no solo es el director de seguridad ciudadana del municipio Chacao, sino también un funcionario adscrito a la Policía Nacional Bolivariana. Además, políticamente se movería en silencio, de la mano de Freddy Gutiérrez González, diputado oficialista al Consejo Legislativo del estado Miranda.

Fernández también está involucrado en el turbio negocio de la empresa CONSULTING CORPORATION & INDUSTRY, C.A. o CONSULTING CORPORATION Y INDUSTRY C.A., como también es conocida. Se trata de la empresa que se encarga de realizar cobros abusivos y arbitrarios por el remolque de automóviles y motocicletas en Chacao y en la ciudad de Maracay, estado Aragua, bajo el pretexto de supuestas infracciones de tránsito. Tras bambalinas, Fernández manejaría la empresa, usando como prestanombre a su abogado, Néstor Arturo Blanco.



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