Una jueza federal dictaminó el cierre de un caso que buscaba embargar propiedades de lujo en Miami pertenecientes al empresario venezolano Raúl Gorrín, actualmente sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. La decisión representa un revés para un tenedor de bonos venezolanos impagos que argumentaba que los condominios de Gorrín fueron adquiridos con dinero robado del Estado venezolano.
En una orden judicial emitida el 23 de abril de 2024, la jueza federal Beth Bloom adoptó parcialmente un informe de un magistrado recomendando desestimar la demanda interpuesta por Casa Express Corp., una empresa tenedora de bonos venezolanos que buscaba el embargo de los bienes como compensación por la deuda incumplida.
El fallo de la jueza Bloom confirmó que Casa Express Corp. carece de legitimación procesal para demandar por la incautación de las propiedades de Gorrín en Miami. Según la orden, la empresa no demostró haber sufrido un daño real y particular como consecuencia de las acciones del empresario venezolano.
La corte también rechazó el argumento de Casa Express Corp. de que, como acreedor con sentencia a su favor, tenía derecho a "ponerse en los zapatos" de su deudor Venezuela para perseguir los activos de Gorrín. La jueza Bloom dictaminó que la empresa no contaba con legitimación procesal bajo esa teoría.
Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión en Venezuela, enfrenta cargos penales en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos relacionados con un esquema de sobornos que presuntamente involucró a altos funcionarios venezolanos. En 2019, su patrimonio y empresas fueron sancionadas por la OFAC.
La disputa legal se centró en condominios de lujo en Miami Beach valorados en millones de dólares y presuntamente adquiridos por Gorrín. Casa Express Corp. sostenía que esas propiedades fueron compradas con fondos mal habidos y, por lo tanto, estaban sujetas a embargo para compensar la deuda por bonos venezolanos en default.
No obstante, la jueza Bloom determinó que Casa Express Corp. no logró demostrar una conexión lo suficientemente directa entre las propiedades de Gorrín y el incumplimiento de los bonos por parte de Venezuela. Además, la orden judicial indicó que el levantamiento de las sanciones de la OFAC sobre los bienes en cuestión requeriría una acción por parte de esa agencia gubernamental, más allá de la jurisdicción del tribunal.
El fallo representa un significativo revés legal para los acreedores que buscan recuperar parte de sus inversiones en bonos venezolanos utilizando propiedades de empresarios y exfuncionarios venezolanos sancionados en Estados Unidos.
El periodista de la Associated Press, Joshua Goodman, quien ha cubierto extensamente el caso Gorrín, comentó en la red social X (anteriormente Twitter) que la decisión judicial protege las propiedades de Miami del "magnate de la TV" de ser embargadas por un tenedor de bonos con sentencia a su favor. Goodman destacó que el acreedor alegaba que los condominios fueron comprados con dinero robado del Estado venezolano.
La orden de la jueza Bloom pone fin a este caso específico, pero la compleja batalla legal por los activos de Gorrín en Estados Unidos probablemente continuará en otras jurisdicciones y frentes legales.
Judge shields Miami properties owned by TV mogul @RaulGorrinB from seizure by a defaulted Venezuelan bondholder.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 24, 2024
Gorrin is indicted in the U.S. and the creditor argued his condos were bought with stolen state💰and therefore fair game.
Judge Bloom disagreed, closed the case. pic.twitter.com/yAuEpk5vYG
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