Por Paola Benítez
Durante el transcurso de su mandato, la administración del presidente Laurentino Cortizo ha sido golpeada por un aluvión de cuestionamientos y controversias que han socavado la credibilidad y la confianza ciudadana. Un torrente de casos vinculados al despilfarro de recursos públicos y presuntos actos de corrupción ha teñido de sombras los programas sociales enarbolados como banderas de su gestión.
El mandatario, en un gesto desafiante ante las críticas por la opacidad y las denuncias de malversación, instó a los panameños en 2020, a solo un año de haber sido juramentado, a presentar pruebas cuando sospecharan del manejo inadecuado de los fondos estatales. Sin embargo, su gobierno ha quedado envuelto en un torbellino de escándalos por presuntas adquisiciones con sobreprecios, falta de transparencia y contratos turbios que involucran a allegados al primer mandatario.
Los programas sociales insignia, como la transferencia monetaria digital y la distribución de alimentos, ejes del denominado plan Solidaridad bajo la égida del Ministerio de la Presidencia, han sido un epicentro de la tormenta. Asimismo, las becas y ayudas financieras canalizadas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), los recursos de la llamada "descentralización paralela" y los fondos de capital semilla de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) han sido puestos también bajo la lupa escrutadora.
Poco antes de la culminación de su período, una abrumadora mayoría del 90% de los ciudadanos califica la gestión del presidente Cortizo como deficiente o muy deficiente, según un sondeo realizado por el diario La Prensa entre el 26 de enero y el 2 de febrero del presente año. El descontento ha sido especialmente acusado en las regiones de Colón y Panamá Oeste, donde el rechazo a su administración alcanzó escalofriantes cifras del 97% en cada caso.
Uno de los sectores poblacionales que ha expresado su repudio con mayor vehemencia son los jóvenes. Por ejemplo, el 92% de las personas entre 26 y 35 años y el 91% de los electores de 18 a 25 años consideraron que la gestión presidencial ha sido deficiente o muy deficiente. Esta ola de indignación juvenil también ha encontrado eco en las redes sociales, donde los jóvenes panameños han manifestado su repulsa al conocer que hijos de diputados, familiares de políticos y funcionarios con ingresos holgados han recibido ayudas económicas no reembolsables por parte del Ifarhu, en un aparente gesto que contradice la promesa de Cortizo de hacer de la educación la "estrella" de su administración.
A pesar de las promesas de tolerancia cero contra la corrupción, los escándalos han persistido como una plaga, desatando altos niveles de descontento entre la ciudadanía. Resulta llamativo el descontento que se cierne sobre Colón, donde diputados como Jairo Bolota Salazar han recibido millonarios desembolsos como parte de la denominada "descentralización paralela", un esquema en el que se repartieron más de 200 millones de dólares a gobiernos locales bajo el control de influyentes legisladores del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sus aliados políticos.
En junio de 2021, se reportó que la administración de Cortizo estaba perdiendo rápidamente la confianza y la credibilidad de la población debido a una sucesión de escándalos. Pese a las promesas de austeridad y contención del gasto, el gobierno ha sido criticado por el aumento de la nómina estatal y la percepción de que los panameños no han visto resultados tangibles a cambio del sacrificio que se les ha exigido.
En julio de 2022, durante su informe trienal, el presidente Cortizo destacó los subsidios y las ayudas sociales, con un costo de 2.263 millones de balboas en 2021. No obstante, este balance no escapó a las críticas, ya que se ha cuestionado la transparencia en el manejo de los recursos asignados durante la pandemia.
La administración de Cortizo también ha sido blanco de reproches por el desabastecimiento de medicamentos, a pesar de la implementación del plan nacional de abastecimiento preventivo. Si bien se puso en marcha el plan piloto MedicSol para garantizar el suministro a los asegurados, la crisis de escasez de fármacos continúa siendo un problema apremiante.
Durante el mandato de Laurentino Cortizo, una serie de escándalos han golpeado directamente a su administración en aspectos cruciales como la ética y la lucha contra la corrupción.
Uno de los incidentes más notorios ocurrió en agosto de 2020, cuando el jefe de personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Ruiloba, amenazó a funcionarios con tomar represalias si no "daban like" en las redes sociales a publicaciones del ministro Rogelio Paredes y del propio presidente Cortizo. Además, imágenes difundidas mostraban un vehículo oficial asignado al asesor de la Autoridad de Aseo, Pedro Ortiz, transportando invitados a una fiesta organizada en su residencia en Dorado Lakes en plena cuarentena.
Es así que el ocaso del mandato de Laurentino Cortizo se ve empañado por un cúmulo de controversias y escándalos que han socavado la confianza ciudadana en su administración. Desde presuntos actos de corrupción y despilfarro de fondos públicos hasta decisiones e incidentes que han puesto en tela de juicio la integridad y la ética de su gobierno, el legado de Cortizo ha sido ensombrecido por una serie manchas que han eclipsado sus logros y promesas iniciales.
La frustrada compra de ventiladores para la COVID-19
En el corazón de la tormenta pandémica desatada por la COVID-19 en 2020, el gobierno de Panamá se vio sacudido por un escándalo de corrupción que desató una ola de indignación en la nación istmeña. El Ministerio de la Presidencia, encabezado por José Gabriel Carrizo, ostentando éste además el cargo de vicepresidente del país, intentó adquirir 100 ventiladores mecánicos a un precio unitario exorbitante de 48.950 dólares. Esta compra, realizada en medio de la crisis sanitaria mundial, desencadenó un torrente de críticas y descontento entre la ciudadanía panameña.
Ante las sospechas que rodearon esta adquisición millonaria, la Fiscalía Anticorrupción de Panamá abrió una investigación en septiembre de 2020 sobre la supuesta compra estatal de ventiladores mecánicos "usados" para pacientes críticos de COVID-19. Este fue el segundo expediente que la fiscalía inició en relación con la compra irregular de estos equipos médicos durante la pandemia en el país.
Como consecuencia de este escándalo, el entonces viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, se vio obligado a renunciar a su cargo.
El expediente abierto por la fiscalía se derivó de una información publicada por el diario La Prensa. Según el rotativo, "ventiladores mecánicos 'que estuvieron mucho tiempo en bodega, con daños, incompletos, softwares desactualizados y sin garantías, cuya manufactura databan del 2013 y 2014, llegaron a cuatro hospitales públicos por órdenes de la Presidencia de la República para ser utilizados con pacientes del covid-19'".
Finalmente, el gobierno de Panamá anunció la cancelación de esta polémica compra de ventiladores, después de que la fiscalía panameña iniciara una investigación por presunto peculado por la adquisición de cien respiradores por un monto de 5,2 millones de dólares.
Este turbio episodio, que sacudió las bases de la transparencia y la ética gubernamental en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, se convirtió en un símbolo de las sombras que empañaron la gestión de Laurentino Cortizo. La frustrada compra de ventiladores a precios estratosféricos y en condiciones cuestionables alimentó la desconfianza ciudadana y dejó una mancha indeleble en el legado de un gobierno que prometió luchar contra la corrupción.
Protestas por el controvertido contrato minero
Las calles de Panamá se convirtieron en un hervidero de protestas y manifestaciones cuando el presidente Laurentino Cortizo sancionó una ley que aprobaba un nuevo contrato de concesión minera para la extracción de cobre. Este hecho, ocurrido en octubre de 2023, desató una ola de indignación que se propagó como un reguero de pólvora por todo el país.
Las movilizaciones estallaron en diversos puntos, con especial intensidad en la Ciudad de Panamá, dejando un saldo de decenas de detenidos, ambulancias vandalizadas, cuantiosas pérdidas económicas y la paralización de actividades escolares. Organizaciones como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) calificaron el contrato como aprobado "a tambor batiente" y convocaron a la protesta.
Los detractores consideraban que el acuerdo no representaba los mejores intereses para la nación y que era perjudicial para el medio ambiente, por lo que exigían su derogación inmediata.
Según los términos de la ley promulgada, el nuevo contrato con Minera Panamá establecía que la empresa debería pagar una regalía anual mínima de 375 millones de dólares, cuyo monto fluctuaría según el valor del cobre en el mercado internacional, con efecto retroactivo desde diciembre de 2021. La concesión tendría una vigencia de 20 años, con la posibilidad de solicitar una prórroga por el mismo período.
Ante el creciente clamor popular, el presidente Cortizo defendió su decisión de sancionar el contrato-ley, asegurando que la relación con la minera existía desde la década de 1990, que la renovación era un tema heredado y que se habían realizado las debidas consultas.
En un giro inesperado, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró "inconstitucional" el contrato que renovaba la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica en noviembre de 2023. Con este fallo, el contrato "dejaba de existir", y en consecuencia, el Ejecutivo tuvo que ordenar, en el corto plazo, el cese de operaciones de la mina.
Posteriormente, el presidente Cortizo anunció que pediría al Tribunal Electoral la realización de una "consulta popular" para que los panameños decidieran mediante el voto si se derogaba o no la renovación de la concesión minera.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato con Minera Panamá, Cortizo afirmó que el resultado demostraba que, como sociedad, contaban con los pesos y contrapesos que les permitían resolver sus controversias por los canales legales. Como consecuencia, el gobierno presentó la propuesta de una hoja de ruta que incluía la formación de un grupo técnico para elaborar el plan de cierre final de la mina.
La hoja de ruta también contemplaba adoptar las acciones necesarias para conservar y salvaguardar el ambiente, la seguridad de las instalaciones y las comunidades aledañas. El presidente Cortizo aseguró que las actividades de extracción, procesamiento y comercialización de Minera Panamá ya habían finalizado.
La controversia en torno al contrato minero dejó una estela de tensiones y divisiones en la sociedad panameña, poniendo a prueba la capacidad del gobierno de Cortizo para navegar las turbulentas aguas del descontento popular y el respeto al Estado de derecho.
La lucha del presidente Cortizo contra el síndrome mielodisplásico
En junio de 2022, el panorama político de Panamá se vio estremecido por una noticia impactante: el presidente Laurentino Cortizo había sido diagnosticado con un síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio. Este revés de salud, revelado tras unos exámenes de sangre rutinarios que mostraron una disminución en los niveles de hemoglobina y glóbulos blancos, marcó el inicio de una nueva batalla personal para el mandatario.
Tras los resultados preocupantes, el médico de cabecera de Cortizo, Héctor Sánchez, recomendó consultar con los reconocidos especialistas José Luis Franceschi y Ricardo Díaz. En la cita médica, ambos galenos consideraron oportuno realizar una aspiración y biopsia de la médula ósea.
Las muestras fueron enviadas a un laboratorio especializado en Estados Unidos para su análisis. El 16 de junio, el presidente y su esposa, Yazmín Colón de Cortizo, recibieron el diagnóstico de los doctores Franceschi y Díaz: Cortizo padecía un síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio.
Ante este panorama, los médicos recomendaron una segunda evaluación especializada con exámenes de biología molecular, la cual se llevó a cabo en Houston, Texas, después del 1 de julio. A pesar del diagnóstico, los doctores certificaron que el examen físico del presidente era normal y que gozaba de un excelente estado general.
Desafiando los pronósticos pesimistas, Cortizo aseguró en julio de 2022, durante su discurso anual ante el Congreso, que esperaba culminar su mandato constitucional en 2024. Esta declaración fue una muestra de su determinación para enfrentar el desafío de salud que se presentaba en su camino.
Hoy, a tan solo días de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, se puede confirmar que el pronóstico de que el presidente Cortizo no terminaría su mandato no se ha cumplido. De hecho, recientemente, el mandatario oficializó el traspaso de mando de la Fuerza Pública al Tribunal Electoral, un acto simbólico que marca el inicio del proceso electoral.
Juan Manuel Henríquez, el polémico yerno del presidente
Las sombras de la controversia han perseguido también a Juan Manuel Henríquez Portuondo, un empresario de origen cubano cuya vida personal y negocios han estado estrechamente ligados al actual presidente de Panamá, Laurentino «Nito» Cortizo. Henríquez Portuondo era el esposo de Carolina Cortizo Colón, la hija del mandatario, hasta que la pareja se divorció durante el gobierno de Cortizo.
Henríquez Portuondo es socio y amigo íntimo de Diego Vallarino Lewis, hijo del empresario Alberto Vallarino. Su trayectoria empresarial ha estado marcada por su participación como gerente general de la Hacienda Santa Mónica y sus negocios con Diego Vallarino Lewis en el rubro de las piedras preciosas.
Muchos han apuntado que el ascenso social y económico de Henríquez Portuondo se debe, en gran medida, al padrinazgo de su exsuegro Laurentino Cortizo, quien supuestamente lo habría apadrinado en sus actividades comerciales.
Los lazos familiares y las presuntas influencias han sido una fuente constante de polémica y escrutinio público, arrojando sombras sobre la imparcialidad y la transparencia en la gestión del gobierno de Cortizo.
Un hecho que despertó especial atención fue la firma de un convenio de cooperación cultural entre el Ministerio de Cultura de Panamá y Luis Felipe Henríquez Portuondo, hermano de Juan Manuel, en representación de la empresa Desarrollos Dobó, S.A. El acuerdo, firmado en enero de 2020 por el entonces ministro Carlos Aguilar, tenía como objetivo la realización del Barro Fest 2020, un evento que buscaba rescatar la "Junta de Embarra", una tradición popular del interior del país.
La cercanía familiar de Luis Felipe Henríquez Portuondo con el yerno del presidente Cortizo generó suspicacias sobre posibles conflictos de intereses y favoritismos en la adjudicación del convenio.
Además, se ha señalado que el gobierno de Laurentino Cortizo ha otorgado incentivos millonarios a proyectos turísticos impulsados por grupos empresariales que tienen nexos familiares y laborales con Juan Manuel Henríquez Portuondo, alimentando aún más las sospechas de un trato preferencial.
Otras polémicas y casos que ensombrecieron la gestión de Cortizo
Más allá de los escándalos y controversias ya mencionados, el gobierno de Laurentino Cortizo se ha visto envuelto en una serie de polémicas y casos que contribuyeron a erosionar la confianza ciudadana y a ensombrecer su legado. Desde denuncias de favoritismo y malversación hasta decisiones cuestionadas, estos incidentes dejaron una estela de interrogantes sobre la ética y la transparencia de su administración.
Una de las polémicas más virales fue protagonizada por un ciudadano panameño que, a través de un video ampliamente difundido, cuestionó la veracidad de las afirmaciones del presidente Cortizo sobre la supuesta inexistencia de escuelas rancho en el país. Esta denuncia pública evidenció las contradicciones entre el discurso oficial y la realidad en materia educativa.
Otro caso que salpicó al gobierno fue el escándalo de Sky Com Group, una empresa acusada de repartir dinero del Estado panameño a comentaristas de radio para promover la gestión de Laurentino Cortizo. Esta denuncia de supuesta compra de influencias mediáticas socavó la credibilidad del gobierno y alimentó las sospechas de un manejo poco ético de los recursos públicos.
Asimismo, se viralizó un video en el que la cantante Sandra Sandoval aparecía bailando con el presidente Cortizo, lo que desató una ola de críticas sobre los presuntos favores que la artista habría recibido del gobierno panameño. Este incidente fue interpretado por muchos como un ejemplo de los supuestos tratos preferenciales otorgados a allegados y figuras cercanas al mandatario.
Uno de los mayores casos de malversación de fondos que golpeó al gobierno de Cortizo fue la adquisición de NG Power por parte del Estado panameño. Esta operación, plagada de irregularidades y cuestionamientos, se erigió como uno de los episodios más sombríos de su administración, poniendo en tela de juicio la transparencia y el uso responsable de los recursos estatales.
La polémica más reciente ha girado en torno a los señalamientos contra Cortizo por intentar que la Corte Suprema de Justicia inhabilitara a José Raúl Mulino, un candidato presidencial con amplias posibilidades de triunfo, argumentando su relación con Ricardo Martinelli, quien se vio obligado a desistir de su candidatura debido a una condena judicial en su contra.
Estos y otros casos han dejado una mancha indeleble en el legado de Laurentino Cortizo, sembrando dudas sobre la integridad y la transparencia de su gobierno y alimentando el descontento ciudadano en los últimos días previos a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.
0 Comentarios