El hecho de que los campos petroleros venezolanos estén en juego en una batalla de herencia de $ 10 mil millones arrojó luz sobre los riesgos potenciales para los inversores privados que el país de la OPEP está buscando para revitalizar la producción.
Según un reporte de Argus, una participación del 40% en la empresa conjunta PetroDelta se encuentra entre los activos de la herencia del fallecido multimillonario venezolano Oswaldo Cisneros, quien murió en Miami en noviembre pasado. Aunque la empresa conjunta controlada por la estatal venezolana Pdvsa (PDVSA) representa menos del 1pc de la producción de crudo venezolano de alrededor de 500,000 b / d, los seis campos de petróleo pesado que abarca, con un estimado oficial de 1,37 mil millones de bl de reservas, fueron una vez visto como una inversión prometedora.
PetroDelta opera los campos de crudo pesado El Salto, Temblador, Uracoa, Isleño y Bombal en el estado de Monagas, y el campo de crudo pesado Tucupita en el estado de Delta Amacuro.
CT Energy Holding SRL, una empresa offshore de Barbados controlada por Cisneros, adquirió la participación de PetroDelta en 2016 en una compleja transacción financiera. El vendedor, Harvest Natural Resources, con sede en Texas, operó en Venezuela de 1989 a 2017, cuando sus accionistas votaron a favor de disolver la empresa.
Cuando CT Energy adquirió la participación, Cisneros apostó que la empresa se convertiría en un modelo exitoso para la inversión del sector privado venezolano, partiendo de un patrón de asociaciones de PDVSA con grandes compañías petroleras extranjeras.
Alrededor del momento del acuerdo, PDVSA dijo que había recibido un préstamo de $ 1,13 mil millones de PetroDelta, que identificó como propiedad de Cisneros, para impulsar la producción de 40.000 b / da 110.000 b / d en cinco años.
Aunque PetroDelta conectó sus operaciones a la red eléctrica nacional en 2019 para garantizar el suministro de electricidad, uno de los muchos desafíos aguas arriba de Venezuela, la producción de petróleo se ha reducido a alrededor de 3.700 b / d, en comparación con 36.000 b / d cuando la superficie todavía estaba en manos de Cosecha.
Desde 2016, la industria petrolera nacional de Venezuela se ha derrumbado bajo el peso de la mala gestión, la corrupción, la fuga laboral y las sanciones estadounidenses . En un esfuerzo fallido por destituir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Estados Unidos impuso sanciones financieras en 2017, seguidas de sanciones petroleras dos años después. Entre las personas sujetas a sanciones específicas de EE.UU.
Por ahora, PetroDelta languidece en la cartera de PDVSA a medida que se desarrolla la batalla de la herencia en varias jurisdicciones. El bufete de abogados Tinoco, Travieso, Planchart y Nuñez, con sede en Caracas, que representa a la finca Cisneros, declinó hacer comentarios.
La agencia tributaria Seniat de Venezuela emitió una factura de impuesto a la herencia por $ 3 mil millones o el 30 por ciento del patrimonio en disputa. "Desde la perspectiva de Seniat, la opción legal más rápida para capturar los $ 3 mil millones puede ser confiscar la participación de PetroDelta e intentar traspasarla a un nuevo inversionista", dijo a Argus una fuente cercana al caso .
Desde el año pasado, PDVSA firmó unas dos docenas de contratos con empresas locales y extranjeras para reactivar campos petroleros. Las inversiones están en gran parte en espera en previsión de una acción legislativa que proporcionaría una base legal más sólida para el control del sector privado sobre las empresas conjuntas.
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