El "rey de los seguros" venezolano Omar Farías Luces sospechoso de blanquear capitales en España mediante compra de lujosas propiedades

En medio de un mar de controversias, Omar Farías Luces, a quien se le atribuye el sobrenombre de "el zar venezolano de los seguros", ha despertado sospechas en el ámbito internacional tras haber forjado un notable imperio en el sector asegurador durante la presidencia de Hugo Chávez y bajo la sombra de la estatal Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA). Una de sus jugadas patrimoniales implica la adquisición de un conjunto de propiedades de alto standing en la capital española. Corría el año 2010 cuando Farías Luces se hace con siete residencias de alto calibre en Madrid, justo en el momento en que PDVSA sufría un desfalco de 2.000 millones de dólares, un hecho que el diario EL PAÍS ha sacado a la luz tras una meticulosa investigación.

Desde 2018, Farías figura en la lista de individuos procesados por un tribunal andorrano, un caso que se origina tras el descomunal desvío de fondos de la que es la empresa insignia del país sudamericano. Además de las propiedades madrileñas, el empresario habría desembolsado 30 millones de dólares en lujos que incluyen un jet privado, un yate y dos residencias en la República Dominicana, según lo revela un dossier reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), datado en diciembre del 2022.

Operaciones bancarias cuestionadas

Las operaciones de compra de dichas propiedades se canalizaron a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), entidad donde Farías orquestó una red de 12 cuentas a nombre de entidades de fachada establecidas en Panamá, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas. A través de estas firmas, el empresario canalizó fondos millonarios hacia sociedades off shore albergadas en la misma BPA, en maniobras financieras que han suscitado gran interés en el caso de investigación del saqueo a PDVSA. Dichas transacciones internas, por su naturaleza, gozan de una discreción que no es posible en transferencias convencionales.

Alcanzando la sexta década de su vida, Farías Luces consolidó en enero de 2010 la adquisición de siete viviendas de lujo, acompañadas de cuatro plazas de garaje en un distinguido edificio ubicado en la calle Claudio Coello, corazón del afamado barrio de Salamanca. Este sector es reconocido por su dinamismo inmobiliario y es apodado como la milla de oro de Madrid. Las reformas de estas propiedades se financiaron mediante transferencias a compañías constructoras y de remodelaciones españolas. El valor actual del metro cuadrado en esta ubicación alcanza los 8.551 dólares, lo que sitúa el valor de mercado de estos inmuebles en una cifra superior a los 6,5 millones de dólares, según estimaciones del portal Idealista.

Farías, sin embargo, defiende con vehemencia la procedencia legal de su fortuna y hace hincapié en que ya ha sido objeto de escrutinio en Venezuela, resultando exento de condena por parte de las autoridades judiciales venezolanas. El magnate asegura que la elección de la BPA no fue motivada por la confidencialidad bancaria, sino por “sus beneficios fiscales totalmente lícitos y transparentes que existían e incluso siguen existiendo y que convertían a esa jurisdicción en algo atractivo”, un argumento que procura despejar las dudas sobre la legitimidad de sus operaciones financieras.

Extravagancia y sospechas

En el punto de mira de las autoridades se sitúan las transacciones financieras de Omar Farías Luces, empresario vinculado con la firma Seguros Constitución. Entre 2006 y 2007, Farías Luces adquirió un jet privado de la prestigiosa firma Gulfstream Aerospace, con sede en Estados Unidos, por un monto que ascendió a los 13,1 millones de dólares, distribuidos en cinco cuotas. Sin embargo, la operación despierta interrogantes en la policía de Andorra, donde se destaca como "sospechoso" el hecho de que se efectuasen pagos desde la cuenta de Baluja International, localizada en el mencionado principado.

La inclinación por el lujo no se detiene en el aire, sino que también se extiende a las aguas con la encomienda de un yate de 15,3 millones de dólares, al astillero italiano San Lorenzo. Este contrato, firmado en 2010, exigía seis abonos, los cuales se realizaron desde la cuenta personal de Farías Luces en la Banca Privada d'Andorra (BPA). Adicionalmente, el yate Princess Claudia II, una joya de la ingeniería náutica con especificaciones de superlujo como terrazas desplegables y una suite preparada para albergar a diez invitados y seis miembros de la tripulación, recibió una inyección económica superior a los 540.000 dólares para su mantenimiento y mejora.

El gusto por la exclusividad también se refleja en las propiedades de Farías Luces. En la paradisíaca Playa Juanillo, dentro de la urbanización Cap Cana en Punta Cana, se erige Villa Any, una morada cuya cuota inicial de 239.966 dólares fue transferida desde Andorra en 2010. Asimismo, un contrato de opción de compra revela la intención de adquirir un lujoso penthouse por 1,8 millones de dólares en la Torre Piantini de Santo Domingo, operación que está siendo investigada tras una transferencia de 330.000 dólares presuntamente vinculada.

La compra de un inmueble en Ecuador agrega más sombras al perfil financiero de Farías Luces, al ser concretada con 230.000 dólares a través de una corporación en Panamá, lo cual ha levantado sospechas entre los investigadores.

En diciembre de 2007, el empresario invirtió 737.128 dólares en la Joyería San Ignacio de Caracas, conocida por su oferta de relojes de marcas elitistas como Rolex, Cartier y Chopard. La afición por el arte tampoco pasa desapercibida; en julio de 2008, Farías Luces adquirió la mitad de una obra del célebre artista abstracto Victor Vasarely por 115.000 dólares, una compra documentada por la Unidad de Inteligencia de Andorra.

Una intrincada red de corrupción que envuelve a PDVSA

Conocido en el ámbito empresarial como el "zar de los seguros", Farías se valió de la discreción bancaria de Andorra para adquirir "La Zanahoria", un equino valorado en 200.000 dólares, y realizar un pago de 36.141 dólares a una cuenta vinculada con el club de fútbol Real Madrid en diciembre de 2012.

Esta operación financiera es solo la punta del iceberg en lo que parece ser una práctica extendida de malversación y fraudes. Farías Luces se habría beneficiado de la falta de transparencia de la Banca Privada d'Andorra (BPA), transfiriendo la suma de 720.336 dólares a Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien se presume actúa como intermediario de Diego Salazar, pariente directo del exministro de Energía del gobierno chavista, Rafael Ramírez.

El período comprendido entre 2007 y 2012 marcó el auge de una estructura delictiva que, operando desde las sombras, fue capitaneada por altos funcionarios de la estatal PDVSA y exmiembros destacados del gobierno chavista. En esta lista se incluyen nombres como los de Nervis Villalobos y Javier Alvarado, ex viceministros de Energía de Venezuela, quienes habrían exigido comisiones superiores al 10% a compañías, con marcada preferencia por las de origen chino, que posteriormente se veían favorecidas con contratos energéticos. Estos hechos han llevado a que el grupo sea objeto de acusaciones formales por blanqueo de capitales y asociación delictiva en Andorra.

Los implicados en este esquema de corrupción diseñaron una red compleja para disfrazar el origen ilícito de sus activos. A través de la BPA, extendieron una red de cuentas y maniobraron fondos mediante sociedades fantasma establecidas en paraísos fiscales reconocidos, como Suiza y Belice. Este dinero fue a dar a Andorra, un país que hasta 2017 se caracterizaba por su riguroso secreto bancario. Los fondos, disimulados bajo la fachada de servicios de consultoría inexistentes, evadieron mecanismos de control y levantaron mínimas sospechas.

La trama de corrupción no ha pasado desapercibida para los ojos de la justicia andorrana, que ha procesado a exdirectivos y empleados de la BPA por su colaboración en la ocultación del botín. La entidad bancaria, bajo la lupa desde marzo de 2015, enfrenta alegatos de blanqueo de capitales por haber facilitado la apertura de cuentas a individuos clasificados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), sin aplicar las debidas diligencias que exige la normativa para prevenir el lavado de dinero.

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