En un operativo sin precedentes, la Policía Federal Argentina, bajo la dirección del Ministerio de Seguridad de la Nación, logró la captura de un ciudadano argentino en la provincia de Entre Ríos. El sujeto, sobre quien pesaba una orden de captura internacional solicitada por la justicia venezolana, es acusado de "Tráfico Ilícito de material estratégico, Legitimación de Capitales y Contrabando Agravado". Este individuo estaría implicado en una red de corrupción de gran alcance que incluye a exfuncionarios de alto rango del gobierno de Venezuela, algunos de ellos asociados con Tareck El Aissami, exvicepresidente de la nación caribeña.
Alerta roja y la conexión PDVSA
La detención se produjo tras la emisión de una alerta roja por parte de la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas, que señalaba al argentino como parte de una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal del crudo perteneciente a la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa). El detenido, cuya identidad no ha sido revelada pero que cuenta con 38 años de edad, figura en la causa denominada “PDVSA-CRIPTO”, y es uno de los cinco operadores internacionales cuya aprehensión ha sido requerida por el Ministerio Público venezolano.
Las investigaciones apuntan a que el ahora detenido no solo formaba parte de la red corrupta, sino que además podría haber actuado como operador y prestanombres de un fugitivo de origen italiano, considerado un cerebro detrás de la trama delictiva. Las autoridades sospechan que el argentino estableció empresas en diversas jurisdicciones, ocupando roles clave como propietario, director y tesorero, para llevar a cabo operaciones de comercio, transporte marítimo y adquisición de petroleros, incluso utilizando identificaciones falsas. El objetivo final sería el desvío y venta ilícita de petróleo, beneficiándose económicamente a costa del patrimonio venezolano.
Rastreo y captura
El grupo de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina fue el encargado de rastrear al sospechoso, utilizando un extenso abanico de bases de datos y herramientas de análisis de redes sociales, así como los recursos tecnológicos de INTERPOL. Este meticuloso trabajo permitió identificar varios de los domicilios frecuentados por el individuo.
Con el apoyo esencial del Departamento Técnico del Cibercrimen, que logró geolocalizar los dispositivos móviles del acusado, las fuerzas del orden consiguieron ubicar la residencia del mismo en Chajarí, donde vivía junto a su familia. Este dato fue decisivo para la planificación de un operativo que culminó exitosamente con su arresto.
Proceso legal en curso
El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, liderado por la Dra. Analía G. Ramponi y el Dr. Alan Bergolt, en la Secretaría Penal. Allí, permanecerá hasta que se defina su situación legal y se lleve a cabo el proceso de extradición requerido por las autoridades venezolanas.
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