Jorge Luis Brizuela Guevara, el supuesto espía venezolano implicado en la "trama Koldo" en España, recibió transferencias del Zamora CF tras ser acusado de fungir como testaferro de un exgobernador mexicano

En un caso que continúa develando nuevos entramados, se ha revelado que el club de fútbol español Zamora CF, presidido por Víctor de Aldama, efectuó, entre los años 2021 y 2022, un total de ocho transferencias financieras inmediatas hacia Pronalab SRL, una clínica radicada en Santo Domingo y con presencia además en México, vinculada con Jorge Luis Brizuela Guevara, señalado como espía venezolano. Las operaciones, comandadas por Víctor de Aldama, conectan al club deportivo con una estructura investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española por su posible participación en un esquema de lavado de dinero.

La trama, denominada Koldo, involucra además al exasesor del exministro de Transportes español José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, quien ha sido detenido por cargos relacionados con el cobro de comisiones ilegales en la venta de material sanitario durante el azote de la pandemia de COVID-19. La red habría orquestado el 'repatriado' de grandes sumas de dinero en efectivo a través de Pronalab SRL, utilizada como fachada para la distribución de los capitales ilícitos.

Transacciones bajo la lupa

Las autoridades han identificado las transferencias desde las cuentas de Zamora CF hacia la empresa de Brizuela Guevara, quien también es conocido en círculos policiales mexicano como 'El Venezolano'. Esta conexión se extiende a Víctor de Aldama y Díaz Tapia, este último socio de Aldama y participante en un chat de WhatsApp llamado "Los cuatro mosqueteros". Ambos, junto a Brizuela, estarían implicados en la trama de las mascarillas, un eslabón más de la red Koldo.

Jorge Luis Brizuela Guevara con sus distintos looks

La investigación apunta a que Koldo García Izaguirre habría aprovechado su posición para influir en la adjudicación de contratos de organismos estatales como Adif y Puertos del Estado, pertenecientes al Ministerio de Transportes, con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Además, se sospecha que García Izaguirre intentó lavar las ganancias ilícitas a través de diversas inversiones.

Este entramado corrupto no se limitó a la esfera de Transportes, sino que también alcanzó acuerdos con el Ministerio del Interior y con los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares en momentos críticos de la crisis sanitaria. Los contratos acumulan un valor de 53 millones de euros, y según la Fiscalía, la trama habría generado al menos 10 millones en comisiones ilegales.

La operación Delorme

La operación Delorme, llamada así en honor al inventor de las mascarillas en el siglo XVII, Charles Delorme, ha puesto a una veintena de individuos en la mira de la justicia. Los delitos que se les imputan incluyen pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. La investigación en España continúa desenredando la compleja trama de corrupción que, aprovechando un momento de crisis mundial, parece haber tejido una vasta red de intereses ilícitos.

Testaferro en México

En el mes de diciembre del año 2020, emergió un escándalo corrupción que sacudió el estado de Quintana Roo en México. La polémica surgió tras publicaciones del periódico local Quintanaroo Hoy, que señalaba al entonces gobernador Carlos Manuel Joaquín González de capitalizar en su propio beneficio la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Según dicho medio, el mandatario estatal habría adjudicado, de manera irregular, contratos por un valor total de 254 millones de pesos, destinados a la instalación de carpas para pacientes contagiados con la enfermedad y el suministro de mascarillas.

El método utilizado para estas operaciones habría sido la asignación directa, prescindiendo de cualquier tipo de licitación pública. Estos contratos habrían favorecido, principalmente, a Jorge Luis Brizuela Guevara, identificado como hombre de confianza del gobernador y señalado como su presunto prestanombres. Brizuela Guevara, estrechando lazos con la empresa IIAFER —inscrita en el registro de proveedores medio año después de que se formalizaran dichos contratos—, se vio beneficiado junto a su esposa, la venezolana Vanessa Lizeth Vargas Flores, quien también habría recibido múltiples contratos a su nombre.

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