Según consta en un auto judicial con fecha de 22 de marzo de 2024, el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 ha tomado esta decisión tras constatar la "falta de colaboración" de las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas, donde tiene su sede Telegram, para facilitar datos que permitan identificar a los responsables de diversos canales de la app dedicados a la distribución ilegal de contenidos con derechos de autor.
Justificación legal del bloqueo
El magistrado instructor, Santiago Pedraz Gómez, justifica la medida cautelar al amparo del artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite en casos de delitos cometidos a través de internet "la retirada provisional de contenidos ilícitos" o "la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos" cuando estos "radiquen en el extranjero".
En un extenso razonamiento jurídico, el auto considera que el bloqueo de Telegram es una medida "necesaria", "idónea" y "proporcional" ante la "gravedad" de la conducta denunciada y la "reiterada comisión del delito contra los derechos de propiedad intelectual".
Operadores afectados y servicios bloqueados
La resolución judicial insta a una decena de operadoras, entre ellas Movistar, Vodafone, Orange, MásMóvil y Digi, a suspender en un plazo de 3 horas "los recursos asociados a Telegram", tanto sus websites como las aplicaciones móviles para Android e iOS.
Este bloqueo afectaría al servicio de mensajería, pero también a otras funcionalidades de la plataforma como la emisión de contenidos en streaming o las videollamadas de voz sobre IP.
Las entidades perjudicadas por la presunta piratería y acusaciones particulares en la causa son EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y Telefónica Audiovisual Digital (Movistar+), quienes habían reclamado la continuidad de la instrucción judicial.
La decisión del juez Pedraz reabre el debate sobre la efectividad de blindar los derechos de autor en internet y el delicado equilibrio entre la libertad de expresión, el derecho a la información y la propiedad intelectual en la era digital.
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Una amistad bajo escrutinio
En un movimiento que ha levantado olas de críticas y especulaciones, la decisión del juez Santiago Pedraz de bloquear el acceso a la plataforma de mensajería Telegram en España se halla bajo la lupa de la opinión pública. Distintas voces en las redes sociales han encendido el debate, aportando un nuevo ángulo a la controversia sobre la sentencia: la influencia de Baltasar Garzón, exmagistrado condenado por prevaricación.
Fuentes cercanas a la Audiencia Nacional revelan que existe una relación de amistad y estrecha colaboración entre Pedraz y Garzón, remontándose a épocas pasadas cuando ambos compartían responsabilidades judiciales, hasta que la carrera de Garzón se vio abruptamente interrumpida por su suspensión e inhabilitación. Esto, a juicio de críticos, plantea preguntas sobre la independencia y la imparcialidad de la justicia española, especialmente considerando el apoyo incondicional de Pedraz a Garzón en tiempos de adversidad. “Pedraz fue uno de los pocos jueces que mostraron su apoyo a Garzón en momentos difíciles, lo que evidencia su lealtad y camaradería”, afirmó un excompañero de la judicatura.
Polémica liberación de político mexicano
En 2016, el exmandatario coahuileño, Humberto Moreira, habría sido favorecido con la libertad por el juez Pedraz, tras el supuesto intercambio de beneficios económicos provenientes del político mexicano, de acuerdo con lo expuesto por el analista europeo Alvise Pérez en una denuncia.
Moreira, cuya carrera política ha estado marcada por acusaciones de malversación, fue arrestado en España ante cargos de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Sin embargo, esta no fue la única sombra en su historial, pues en 2017 enfrentó nuevamente la mano de la ley en México, acusado por peculado y blanqueo de activos. Ambas veces, Moreira logró evadir una condena, siendo liberado en ambos casos por la presunta insuficiencia de evidencias para sostener las acusaciones en su contra.
Política y controversia judicial
La sentencia halla, además, su crítico más feroz en quienes señalan el papel de la política en las decisiones judiciales. Con una acusación directa al PSOE y a sectores de la izquierda, la opinión popular cuestiona la integridad de una decisión que afecta a millones de usuarios en España, sugiriendo un trasfondo de corrupción y manipulación.
La controversia en torno al bloqueo de Telegram sigue en pie. El complejo entramado de relaciones y acusaciones pone de manifiesto, una vez más, la delicada línea que separa la justicia de la influencia política, así como el poder de la amistad y las lealtades personales en el curso de decisiones que impactan profundamente en la esfera pública.
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